El 19 de septiembre de 2024 quedará marcado como un día histórico en la creciente indignación social de Santa Cruz. Ese día, los santacruceños tienen la oportunidad de hacerle sentir al gobierno provincial la bronca y dolor que esta causando en las familias y comercios las exorbitantes facturas que no paran de llegar.
No será simplemente un acto simbólico, sino un grito desesperado ante los brutales aumentos en las tarifas de gas y electricidad. Este gesto es más que una fuerte muestra de descontento, pone en evidencia la cruda realidad de una crisis energética que ha colmado la paciencia de los santacruceños y que expone, de manera dolorosa, la indiferencia de las políticas provinciales y nacionales para afrontar un problema que no deja de crecer.
Un grito ahogado de protesta
La protesta materializada en este apagón que se harán en comercios y hogares de toda la provincia, es un intento desesperado por visibilizar el colapso que están provocado los sucesivos incrementos tarifarios. Estos aumentos, que en algunos casos llegan al 2.500% en las tarifas de gas y más del 340% en las de electricidad, sin discriminar sectores: golpeado tanto a los más vulnerables como a la clase media, ese grupo que tradicionalmente queda relegado en las políticas de asistencia. En una provincia como Santa Cruz, donde las bajas temperaturas hacen de la energía un recurso vital, estas subidas de precios estan sometiendo a sus habitantes en una asfixia económica. Lo que es más grave aún es que al menos en el corto plazo, no se vislumbra ni una solución tangible.
El apagón no es una simple protesta por el costo de los servicios. Es una denuncia implícita a la inoperancia del gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal. Su gestión hoy ya se define como ser solo reactiva, sin ninguna una estrategia clara y sólida para enfrentar el colapso energético. Aunque se plantearon algunos subsidios transitorios, queda en evidencia la falta de un plan estructural que ofrezca soluciones a largo plazo.
El rol de los intendentes: entre la subordinación y la indignación
Resulta especialmente preocupante el silencio cómplice de muchos intendentes de la provincia, quienes optaron por una sumisión calculada ante la discrecionalidad de los fondos provinciales manejados por Vidal (Latigo y Billetera). En lugar de alzar la voz en defensa de sus comunidades, prefieren no arriesgarse a desafiar las políticas de ajuste y tarifazo provinciales, dejando a los ciudadanos sin una representación efectiva y valiente. La pregunta inevitable es: ¿quién está realmente dispuesto a proteger los intereses de los santacruceños?
En este contexto, el intendente capitalino Pablo Grasso se destaca como uno de los pocos o único dirigente que decide adoptar una postura más confrontativa. Sin embargo, su gesto, por más visible y resonante que sea, aún carece de la amplitud política necesaria (Lease intendentes) para transformarse en una solución efectiva. Para que sus acciones trasciendan lo simbólico, necesita forjar alianzas políticas más amplias y construir una estrategia coordinada con otros actores provinciales y nacionales lo cual hoy por hoy parece que es una foto de un solo protagonista.
¿Proyectos de ley: un camino de esperanza?
Desde el espacio político de Grasso, se presentó una proyecto de ley que busca paliar el problema mediante un subsidio dividido en tres segmentos, que incluiría no solo a los sectores más desfavorecidos, sino también a la clase media y comerciantes, históricamente olvidados en las políticas de asistencia social. Este proyecto termina destacándose ya que es una de las pocas iniciativas que reconoce la magnitud de la crisis y ofrece una posible solución que abarcaría a un espectro más amplio de la población.
No obstante, la implementación de esta ley dependerá de una articulación política mucho más compleja (Votos a favor de los diputados). Será fundamental que Grasso logre establecer puentes con otros actores políticos, tanto provinciales como nacionales, para asegurar el apoyo necesario. Aquí radica uno de los grandes desafíos: el gobierno de Vidal, fuertemente alineado con la retórica polarizante de Javier Milei, parece más interesado en la confrontación pública que en el diálogo necesario para abordar una crisis de esta magnitud.
La trampa del discurso polarizante
El uso reiterado de un discurso de denuncia mediática por parte de Vidal le permitió ganar notoriedad y capital político en ciertos sectores, pero hoy esta atrapado en una paradoja. A medida que los problemas energéticos se agravan, su retórica confrontativa parece cada vez más vacía de soluciones concretas. Aunque el subsidio temporal a las tarifas brinda algo de alivio, es evidente que no ofrece respuestas a la crisis estructural de infraestructura energética que enfrenta la provincia.
La relación de dependencia entre muchos intendentes y el gobernador genera un escenario de complacencia, donde los jefes comunales prefieren callar o apoyar a Vidal antes que defender con firmeza los intereses de sus comunidades. Este silencio cómplice deja a los santacruceños sin una representación clara, privándolos de líderes que puedan abogar con fuerza por soluciones efectivas.
Reflexión final: Entre la paciencia y la urgencia
El apagón del 19 de septiembre no es solo una protesta; es el reflejo de una situación que ya alcanza niveles insostenibles. Los incrementos en las tarifas de gas y electricidad destruyen la estabilidad económica de muchas familias en Santa Cruz. Si bien las protestas simbólicas como el apagón tienen un impacto mediático y social, por sí solas no serán suficientes para calmar el creciente malestar.
Tanto el gobernador Vidal como los intendentes de la provincia deben dejar de lado la confrontación política y mediática y asumir, de una vez por todas, la responsabilidad compartida de encontrar una solución coordinada y efectiva para la crisis energética. Los gestos simbólicos ya llegaron a su límite, y la paciencia de los santacruceños también. Es imperativo que los líderes políticos abandonen las divisiones ideológicas y trabajen seriamente en la construcción de soluciones reales que permitan a los ciudadanos vivir con dignidad y sin la carga de tarifas desmedidas.
La urgencia del momento exige algo más que palabras: demanda acciones concretas.
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