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06
Lun, May

Interés General

La Universidad Nacional del Comahue, con sedes en Río Negro y Neuquén, enfrenta una situación crítica debido a los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Javier Milei. Las autoridades de la institución anunciaron la reducción de servicios básicos como telefonía y limpieza, y advirtieron que no podrán afrontar el pago de servicios esenciales como luz, gas y agua.

La comunidad universitaria de todo el país ha expresado su preocupación por las dificultades financieras que enfrentan las instituciones públicas de educación superior. En el caso específico de la Universidad Nacional del Comahue, se ha revelado que el ajuste presupuestario ha llevado a la reducción de servicios y amenaza con la cesación de pagos si no se reciben partidas adicionales del gobierno central.

Aunque las autoridades universitarias aún no han declarado oficialmente la cesación de pagos, la situación es alarmante. La falta de actualización presupuestaria desde diciembre de 2022 ha dejado a la universidad sin los recursos necesarios para mantener su funcionamiento normal. Esto se traduce en la suspensión de convocatorias para nuevos proyectos, la reducción de servicios de limpieza y la suspensión de servicios telefónicos.

La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, ha expresado su preocupación por la falta de recursos y la necesidad de tomar medidas drásticas para mantener la operatividad de la institución. "Este mes tenemos que ver qué recortes hacer y qué cosas no podemos pagar", señaló Gentile en una entrevista radial.

El vicerrector Paul Osovnikar también ha destacado la gravedad de la situación, señalando que el presupuesto asignado a la universidad es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Las facturas de servicios como electricidad han aumentado considerablemente, mientras que el presupuesto asignado no se ha ajustado en consecuencia.

En resumen, la Universidad Nacional del Comahue enfrenta una crisis financiera sin precedentes debido a los recortes presupuestarios del gobierno de Milei. Sin una acción inmediata por parte de las autoridades gubernamentales, la institución corre el riesgo de no poder mantener sus puertas abiertas en los próximos meses.

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