Un lamentable final de un Jubilado que padecía fibrosis pulmonar y necesitaba tan sólo dos fármacos, y tras que los actuales directivos del PAMI y por las actuales politicas de ajuste, dejara de entregarlos tuvo que recurrir a la justicia y esta ordenó que le dieran los medicamentos, el organismo no acato y el final fue el peor.
Gustavo Souza padecía fibrosis pulmonar y necesitaba sólo dos fármacos, pero el organismo (PAMI) dejó de entregárselos ofreciendo un tratamiento alternativo más barato. Un juez ordenó que le diera los medicamentos, pero la obra social no acató el fallo. El magistrado insistió, aunque ya fue tarde, porque el hombre finalmente murió.
La reducción de un 2,4 a un 1,94% del total presupuestado para salud desde que Mauricio Macri es presidente; el Presupuesto 2018 con un 1% menos que el año pasado para el Ministerio de Salud; las marcadas disminuciones de fondos para el programa de vacunas, el de VIH/SIDA, lo destinado a Médicos Comunitarios, y en Madre y Niño un 12,7%, entre otros, no son suficientes. Las verdaderas consecuencias del escandaloso ajuste en salud que determinó Cambiemos tienen su huella concreta con la muerte de una persona, particularmente un jubilado de 71 años, como resultado exclusivo de la decisión del Gobierno.
Gustavo Souza, la víctima del ajuste que se viene reflejando en distintas dependencias del estado nacional, electrodependiente y con certificado de discapacidad, dejó de recibir los medicamentos del Estado hace unos meses, por lo que tuvo que presentar un recurso de amparo para que el PAMI le provea los fármacos tobramicina y nintedanib, cuyo precio era imposible de abonar para su familia y su jubilación de 6 mil pesos.
El 28 de septiembre, el juez Roberto Torti intimó al organismo, responsabilidad de Sergio Daniel Cassinotti, a entregar la medicación en un plazo menor a las 48 horas. La cúpula se negó. En la espera que nunca debió ser, Souza se descompensó en su casa, fue trasladado al Hospital Británico y falleció a las pocas horas.
“Gustavo sufrió mucho los últimos días. Mientras tanto, PAMI continuaba con palos en la rueda”, dijo Guillermo Souza, hermano del jubilado, a Página 12. Y su familia fue contundente para destrozar la increíble determinación del Gobierno: “Es el claro ejemplo de la ausencia del Estado".
El valor -estimado a la junio del 2017- que el PAMI debía abonar en medicamentos para todo el año para que el hombre continuara con su tratamiento contra la fibrosis pulmonar idiopática -una enfermedad crónica que disminuye la función del pulmón- y siguiera con vida era $ 322.040. Eso valía su vida para el Gobierno, que decidió no pagarlo.
El jubilado, padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos, había comenzado el tratamiento en 2013, y era cubierto en su totalidad por la obra social estatal. Pero todo eso cambió hace unos meses. “En el PAMI ya habían comenzado los rumores de los recortes. Y le habían sugerido a mi hermano cambiar la droga, aunque él ya había probado con otro remedio que le produjo efectos adversos”, sostuvo su hermano.
“Con el nivel de respuestas que presentó la obra social, debimos presentar un recurso de amparo en agosto”, explicó al mismo medio Federico Paruolo, abogado del Grupo de Litigio Estratégico. En la presentación se especificó que la falta de esos remedios agravaría “la situación de manera irreversible”, además de que se adjuntó la recomendación de ambos fármacos por el jefe de Neumología del Hospital Británico y la incapacidad de Souza para abonar esos medicamentos.
Luego de un período de exámenes y trámites burocráticos (“a mi hermano lo obligaron a hacer decenas de exámenes, con todo el deterioro físico y psíquico que implica para una persona que debe moverse con silla de ruedas y un tubo de oxígeno”, explicó Souza), el juez Torti, quien había dado lugar al amparo presentado, resolvió que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le provea a Souza en el plazo de 48 horas “la cobertura integral de la mediación requerida”.
¿Los argumentos? Básicamente las leyes vigentes. El derecho a la preservación de la salud, a la obligación de la autoridad pública a garantizarlo y a la ley 24.901, que dispone de un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.
La respuesta del PAMI no fue enviar los fármacos, sino que el 2 de octubre, cumplidas las 48 horas que dispuso el juez, los apoderados de la obra social presentaron un recurso de apelación para rechazar la resolución judicial. Cuatro días más tarde, el juez Torti quiso saber si se había entregado la medicación, a lo que el propio paciente, ese mismo día, volvió a contestar que no. Al día siguiente, el sábado 7 el jubilado se descompensó mientras utilizaba su concentrador de oxígeno portátil, la ambulancia llegó a la madrugada y el diagnóstico fue embolia pulmonar. Ya en la urgencia del Hospital Británico, luego de ser operado, falleció.