Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiados de la AUH y de distinto tipo de pensiones no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.
Según el gobierno, la línea de crédito que podrá llegar hasta los $ 30.000 servirá para impulsar el alicaído consumo popular. Sin embargo la experiencia ha demostrado lo contrario. De hecho, mediante la tarjeta Argenta ya se han otorgado este tipo créditos a jubilados y pensionados sin que esto haya servido para detener la caída del consumo, tal como lo prueban todas las estadísticas públicas y privadas. Esta caída del consumo ha sido el resultado directo de la desvalorización del salario y las jubilaciones. Sólo en el 2016 la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y jubilados promedia los 10 puntos, a lo que hay que sumarle el retroceso de este año.
Pero el fracaso de esta política se notará aún más en el futuro cuando estos créditos deban ser devueltos por las familias. Es que el financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial, debido a que la tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.
El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que según la Universidad Nacional de Rosario hoy está en $ 25.000. No es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos recibe mensualmente menos de $ 10.000.
Denunciamos esta política de confiscación de la ANSES y de endeudamiento de las familias, condenada de antemano al fracaso.