El gobierno nacional resucita viejas tensiones entre los poderes del estado, el presidente Javier Milei oficializó este martes el nombramiento en comisión de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema.
La decisión, amparada en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, busca —según la Casa Rosada— paliar la “parálisis” de un tribunal reducido a tres miembros. Sin embargo, juristas y opositores sostienen que la maniobra de Milei “Es un atajo inconstitucional”, sentencia Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional.
La Oficina del Presidente argumentó que el decreto responde a “la necesidad de garantizar justicia ante demoras deliberadas”. Pero los antecedentes desmienten la urgencia: entre 2006 y 2007, la Corte funcionó con cuatro miembros sin colapsar. “Es un pretexto para evitar el control senatorial”, denuncia Paula Litvachky, directora del CELS, mientras prepara acciones legales.
Los jueces designados no están exentos de polémica. García Mansilla, decano de la Austral —vinculada al Opus Dei—, había prometido en 2023 no aceptar un cargo sin aval legislativo. “Hoy traiciona su propia palabra”
Lijo, juez federal en Comodoro Py, pretende conservar su juzgado mediante licencia, estrategia que suscita recelos: “Es incompatible acumular cargos”, advierte un informe de la Asociación de Magistrados.
El eco de 2015 resuena. Mauricio Macri intentó algo similar con Rosenkrantz y Rosatti, pero cedió ante presiones. Milei, en cambio, apuesta a la confrontación: “No toleraremos que la política sabotee al pueblo”, declaró su equipo, aunque analistas ven aquí una pulseada por controlar fallos clave, como la ley Ómnibus o futuros conflictos con provincias.
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