Un reciente estudio de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) arrojó un dato impactante: entre el 38.1% y el 49.1% del precio de productos de consumo masivo esenciales está compuesto por impuestos.
Los datos revelan la enorme carga impositiva que recae sobre estos artículos, abarcando tasas nacionales, provinciales y municipales. Esta presión tributaria varía según la jurisdicción en la que se encuentra el mayorista.
Desde CADAM hicieron un fuerte reclamo hacia los municipios por los aumentos en la carga tributaria: "Pedimos que den marcha atrás con estos incrementos, que además fueron aplicados a mitad del ejercicio fiscal, complicando aún más la planificación de costos de las empresas". La entidad exige mayor previsibilidad en las decisiones fiscales y se mostró crítica con la falta de coordinación en la implementación de estos tributos.
Transparencia en la carga impositiva
Una de las principales preocupaciones de la Cámara es la falta de visibilidad sobre cómo los impuestos impactan en el precio final que paga el consumidor. En este sentido, CADAM respaldó la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, un sistema que permitiría a los ciudadanos ver el desglose exacto de los impuestos en cada compra. "Queremos que la gente entienda por qué suben los precios. Si los municipios y las provincias se adhieren, será un avance importante para exponer de manera clara el peso de la carga tributaria", explicaron desde la organización.
Propuestas para combatir la inflación de alimentos
CADAM plantea varias propuestas con el fin de reducir la presión impositiva y, de esta manera, ayudar a frenar la escalada inflacionaria en alimentos. Entre las medidas más destacadas, la Cámara sugiere la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción del IVA sobre productos de la canasta básica y la rebaja de los Ingresos Brutos provinciales. "Este último es un impuesto distorsivo que el consumidor termina pagando hasta tres veces a lo largo de la cadena de comercialización", señalaron con preocupación desde la entidad.
El aporte a INACAP y su impacto en el comercio
Otro de los puntos controvertidos es el aporte que los empleadores deben realizar al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que se traduce en un costo adicional para las empresas. CADAM solicita la eliminación de este aporte obligatorio, que no ofrece ningún beneficio tangible a las empresas ni a los trabajadores si estos no deciden capacitarse.
Para poner en perspectiva el impacto económico, solo en agosto, el aporte mensual fue de $3961.21 por empleado. Con más de 1.2 millones de trabajadores en el sector comercial, esto implicaría una recaudación anual superior a los $57 mil millones, destinados supuestamente a la capacitación laboral. "Es una carga que eleva los costos laborales de manera injustificada. Las empresas ya están lidiando con una alta presión fiscal, y este aporte no ofrece beneficios reales ni al empleador ni al empleado que no utiliza estos programas", afirmaron desde CADAM.
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