Se trata de la primera denuncia de la IGJ sobre el fideicomiso ciego del ex presidente, que al final no resultó tan ciego. Apuntan a una operatoria ilégitima con la empresa Agro G S.A. de la cual declaró ser parte del 14,70% del capital social, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor.
La denuncia de la Oficina Anticorrupción que conduce Felix Crous se desprende del informe presentado en abril por la Inspección General de Justicia acerca de irregularidades en el fideicomiso ciego que creó Mauricio Macri en 2016 para "proteger" y evitar "conflictos de interés" con su patrimonio mientras era Presidente.
La IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en "el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio" del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban "un 53% del conjunto total" de las pertenencias y propiedades de Macri. Ahora la OA radicó la denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini.
En la denuncia del organismo que dirige el exfiscal Crous en su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público del año 2015, Macri indicó por ejemplo que detentaba acciones de Agro G S.A. representativas del 14,70% del capital social, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor.
La conducta descripta cae en el entramado típico previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime con pena de prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua, a quien estuviere obligado en razón de su cargo a presentar una declaración jurada patrimonial, y maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
También se advierte que correspondería imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 45.000 provenientes de un ilícito penal con los que adquirió la titularidad de 45 acciones de la firma Molino Arrocero Río Guayquiraró S.A., la que se habría concretado entre el 23/05/11 y el 12/04/19, con la finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido.
“Entiendo que corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, dice la denuncia de la OA.
Además dispuso que se considere nula a esa sociedad (Seguridad Fiduciaria SA) y declaró "la irregularidad e ineficacia en términos administrativos" de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.
A través de estas maniobras el expresidente se alzó con $ 54.286.824 resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos , lo que como se explicara oportunamente, viola lo establecido por los artículos 68 y 224 de la ley 19.550.
Pero además, “dicha transferencia multimillonaria de activos a favor de Mauricio Macri, fue sistemáticamente consentida en forma unánime por los accionistas de Agro G S.A., aun cuando aquella perjudicó tanto al patrimonio social, como su propio derecho a los dividendos”, dice la presentación.
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