Mediante el Decreto 782/2025 firmado por Javier Milei, el aumento en los gravámenes sobre naftas y gasoil se difiere parcialmente al 1° de diciembre, aunque surtirá efectos parciales desde noviembre.
El Gobierno nacional, mediante el decreto 782/2025, modificó el régimen impositivo aplicable a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con aplicación gradual.
¿Qué establece la norma?
Se actualizan los montos fijos del impuesto sobre combustibles líquidos y del impuesto al CO₂ para naftas y gasoil, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 23.966 y ajustes trimestrales sobre la base del índice del INDEC.
Para las naftas (sin plomo, y nafta virgen) el incremento será de $15,557 por litro en el impuesto sobre combustibles líquidos y $0,953 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
Para el gasoil, los números son: $12,639 por litro en el impuesto principal, $6,844 por litro en la alícuota diferencial para la región patagónica, y $1,441 por litro en el gravamen al CO₂.
¿Desde cuándo rige?
Entre el 1° y el 30 de noviembre de 2025 se aplican los nuevos montos parciales.
El incremento completo, incluyendo la actualización pendiente por 2024 y los dos primeros trimestres de 2025, entrará en pleno vigor para hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de diciembre de 2025, inclusive.
¿Cuál es la explicación oficial?
El decreto indica que los diferimientos sucesivos de la aplicación de los incrementos se justifican en la “necesidad de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
¿Qué implicancias tiene en la práctica?
Este ajuste impositivo incrementa la carga sobre el precio final de los combustibles (nafta y gasoil) lo cual puede trasladarse al consumidor, tanto directo como a lo largo de la cadena productiva y de transporte.
Se produce en un contexto de alta inflación y presiones de costos en Argentina, lo que aumenta el riesgo de nuevos aumentos de precios.
El diferimiento al 1° de diciembre implica que el impacto total se demorará, pero lo parcial ya se inicia en noviembre.
Las provincias patagónicas (y zonas definidas) tienen un tratamiento diferencial (alícuota mayor para gasoil) que incrementa la desigualdad territorial de carga impositiva.
¿Contexto político y económico relevante?
La medida viene luego de una postergación previamente dispuesta por los decretos 617/2025 y 699/2025, que diferían los efectos de la actualización desde agosto/septiembre.
En un contexto de gobierno de Javier Milei, la política impositiva en combustibles es uno de los ejes donde la presión fiscal vuelve a la agenda. Su aplicación en plena recesión técnica genera tensiones entre la necesidad de recaudación y la contención del consumo.
La actualización trimestral basada en IPC hace que la inflación y la devaluación impacten rápidamente en la carga impositiva, lo que puede alimentar un círculo de precios.
La decisión de actualizar los impuestos a los combustibles —y posponer su plena aplicación hasta diciembre— denota un doble movimiento: por un lado, el Ejecutivo busca recaudar más, ante la necesidad de ingresos frescos; por otro, pospone parte del impacto inmediato para esquivar una ola de malestar social. ¿Pero es sostenible esta estrategia en un país con inflación galopante y consumo deprimido?
Si bien el gobierno invoca “un sendero fiscal sostenible”, la realidad sugiere otra cosa: la presión impositiva se traslada al bolsillo y a los costos empresariales, y cuando el combustible sube, también lo hace la logística, el transporte, los alimentos y los servicios. ¿Se trata de una política responsable o de una bomba de tiempo inflacionaria? La respuesta inclina más hacia lo segundo.
A su vez, el diferimiento al 1° de diciembre no quita que el proceso se inicie en noviembre; y el hecho de que la actualización se base en el IPC convierte al impuesto en un mecanismo automático de ajuste por inflación, sin que medie discusión parlamentaria. Esa “automatización” fiscal reduce el margen de control democrático.
Por último, la discriminación territorial —mayor alícuota para la Patagonia— plantea una carga adicional para regiones ya más castigadas por la logística y el costo de vida. Es una política de “fisgonear” recursos de quienes peor están, bajo la apenas velada lógica de centralización.
El aumento de los impuestos a los combustibles puede entenderse dentro del plan de ajustes de ingresos del gobierno, pero a costa de ahondar la austeridad real de los ciudadanos y las empresas. No se trata solo de impuestos: se trata de quién carga con la crisis. Y acá los más débiles probablemente paguen más caro.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
