Con apoyo de las CTA, gremios industriales y movimientos sociales, la huelga apunta contra una ley que califican de regresiva e inconstitucional.
En un país atravesado por despidos, cierres industriales y caída del poder adquisitivo, este jueves no será un día más. La Confederación General del Trabajo concretará su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, en una confrontación directa con el proyecto de reforma laboral que el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados.
La medida promete una parálisis casi absoluta. La adhesión total del transporte público —incluida la UTA— anticipa calles desiertas y persianas bajas de punta a punta, tal como advirtió el dirigente Jorge Sola desde la histórica sede de Azopardo. No se trata solo de una jornada simbólica: el músculo sindical busca hacer sentir el peso de su rechazo en cada rincón del país.
A la convocatoria de la CGT se sumarán las CTA, gremios industriales como la UOM y Aceiteros, y movimientos sociales que marcharán hacia el Congreso para repudiar lo que definen como una reforma de “clara inconstitucionalidad”. Desde la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy cuestionó el trámite legislativo: denunció que un proyecto de 200 artículos no puede tratarse en sesiones extraordinarias otorgando apenas cinco minutos de exposición a los sindicatos. La crítica no es solo al contenido de la ley, sino al modo en que el Ejecutivo busca imponerla.
El contexto agrava el cuadro. Mientras el Presidente participa en Estados Unidos de un encuentro vinculado al llamado “Consejo de Paz” de Donald Trump, en la Argentina el termómetro social marca tensión creciente. El cierre definitivo de la histórica fábrica Fate, con casi mil despidos, se convirtió en símbolo de una crisis industrial que ya no puede disimularse con discursos de mercado.
Este miércoles, una movilización de jubilados enfrentó un amplio operativo de seguridad. Para la sesión del jueves, la ministra Alejandra Monteoliva dispuso un despliegue reforzado en las inmediaciones del Congreso: camiones hidrantes, retenes y fuerzas federales en alerta. El mensaje oficial es claro: el debate se dará bajo custodia.
Desde el sindicalismo advierten que, si la ley avanza, la disputa continuará en los tribunales. Argumentan que la iniciativa desfinancia la seguridad social y precariza el empleo formal en un escenario donde, según datos difundidos por el propio sector, se pierden 400 empleos registrados por día y ya cerraron 21 mil pymes en lo que va del ciclo libertario.
El Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el mercado laboral y generar empleo. Pero en la calle, la percepción es otra: que el ajuste cae siempre del mismo lado. La jornada de paro no solo es una pulseada gremial; es un síntoma de un clima social cada vez más denso.
Este jueves, la Argentina volverá a detenerse. No es la primera vez en esta gestión. Y, a juzgar por el tono de las convocatorias y la firmeza de las posiciones, tampoco parece que será la última.
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