Con 24 diputados y 850 empleados, el Poder Legislativo provincial prevé un presupuesto de $ 27.000 millones, superando a la mayoría de las localidades santacruceñas.
Las explicaciones posibles son muchas, pero pocas resultan razonables cuando los números se ponen sobre la mesa. Para 2026, la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz proyecta un presupuesto de 27.000 millones de pesos para sostener una estructura compuesta por 24 diputados y alrededor de 850 personas. El dato, por sí solo, ya genera ruido. Pero el escándalo aparece cuando se compara con el resto del Estado.
Si se divide el gasto total por la cantidad de legisladores, cada diputado le cuesta al habitante de Santa Cruz $31.764.705,88 por año. Casi 32 millones. Y eso sin contar que, según datos salariales nacionales, el ingreso promedio de un diputado provincial ronda los 5 millones de pesos mensuales. Aun proyectando para 2026 un gasto generoso —2.000 millones anuales en sueldos legislativos y 1.000 millones en gastos asociados— el total apenas llega a 3.000 millones de pesos.
La pregunta es inevitable: ¿dónde van a parar los otros 24.000 millones?
El interrogante se vuelve más incómodo cuando se lo compara con los presupuestos municipales. En Santa Cruz, doce localidades enteras administran menos recursos para todo un año que los que consume la Cámara de Diputados.
Solo Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras superan el presupuesto legislativo. El resto queda muy por debajo, en algunos casos de manera dramática. El Chaltén, por ejemplo, dispone apenas del 6,61 % de lo que gastará la Legislatura. Municipios como Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, Los Antiguos o Perito Moreno deben garantizar salarios, servicios, infraestructura y contención social con una fracción de esos fondos.
El contraste es brutal: 125.260 habitantes de esas localidades son gestionados con presupuestos muy inferiores a los que se destinan a una estructura política que no presta servicios esenciales, no enfrenta emergencias operativas ni sostiene miles de trabajadores bajo la línea de pobreza.
La falta de información pública agrava el cuadro. No hay desglose claro de salarios del personal de planta, ni de asesores, ni de gastos de funcionamiento. La transparencia nunca fue una fortaleza del Poder Legislativo provincial, y ese silencio solo alimenta sospechas. Aun haciendo una estimación amplia —duplicando los gastos políticos hasta llegar a 10.000 millones anuales— sigue quedando un remanente de 17.000 millones de pesos sin explicación convincente.
La Cámara no administra barrios, no mantiene servicios básicos, no responde a contingencias sociales. Entonces, ¿cómo se justifica semejante volumen de recursos? ¿En qué se licúan? ¿Quién controla? ¿Quién explica?
La Legislatura mantiene intacta su lógica corporativa. Cambió la mayoría partidaria —antes K, ahora vidalista— pero no su funcionamiento. Ayer como hoy, el número se impone sobre el debate. De allí aquel apodo que sobrevivió a los recambios políticos y sigue vigente como una metáfora perfecta del poder cerrado sobre sí mismo: la “Cueva de las Manos”.
No investigar, no preguntar y no exigir explicaciones convierte a muchos en cómplices. Y si la presidencia de la Cámara no expone de manera clara y pública el destino de los fondos, seguirá abonando la percepción de que el Poder Legislativo santacruceño es un nicho de opacidad y privilegios.
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