Nueva normativa obliga a registrar drones con nombre real, obtener certificación oficial y aceptar mayores responsabilidades legales. Busca consolidar una industria estratégica bajo supervisión estatal.
A partir del 1 de julio de 2026, China pondrá en marcha una reforma histórica en su legislación aeronáutica: los drones dejarán de ser un objeto tecnológico regulado de forma fragmentaria para ser reconocidos formalmente como aviones bajo la Ley de Aviación Civil. Así lo confirmó el South China Morning Post, al detallar que la normativa vigente desde 1995 será modificada por primera vez para incluir un capítulo completo dedicado a las aeronaves no tripuladas.
El nuevo régimen legal obliga a los operadores, fabricantes, diseñadores, importadores y empresas de mantenimiento de drones a obtener una certificación oficial de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), salvo contadas excepciones. Hasta ahora, solo los modelos medianos o grandes requerían ese tipo de habilitación, según una normativa provisional lanzada en 2024.
Este cambio implica un giro drástico. Cada dron tendrá que contar con un código de identificación único, vinculado obligatoriamente a un registro con nombre real. Es decir, se acabó el anonimato: el Estado sabrá quién es el dueño, quién lo operó y desde dónde. También habilitará sanciones más severas por uso indebido, incluyendo multas, decomiso y posibles penas de prisión.
Las zonas de exclusión aérea, como las cercanías a aeropuertos o áreas estratégicas, serán fuertemente protegidas bajo este nuevo marco. Se espera que la trazabilidad permita una aplicación más eficaz de la ley tras incidentes, en un país que ha sufrido repetidos sobresaltos por drones que interrumpieron vuelos civiles.
Sin embargo, el objetivo no es frenar la industria. Al contrario: busca consolidarla como un pilar económico nacional. La economía de los drones ya movía unos 500 mil millones de yuanes en 2023, y según estimaciones oficiales podría superar los 2 billones de yuanes (aproximadamente 280 mil millones de dólares) para 2030. Hoy los drones se usan tanto para entregas urbanas como para logística, y el país apuesta incluso por el desarrollo de taxis aéreos.
Más allá del frente interno, la nueva ley también puede leerse como una respuesta a la creciente presión internacional. Estados Unidos, por ejemplo, ha limitado la utilización de drones chinos, alegando motivos de seguridad nacional. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) etiquetó a varios de estos dispositivos como potencialmente peligrosos. China, al endurecer sus propias normas de certificación y trazabilidad, apunta a responder con hechos: mostrar que sus fabricantes cumplen con estándares rigurosos y pueden ser fiscalizados.
En síntesis, Pekín refuerza su control sobre una industria en expansión, en busca de un doble propósito: proteger la seguridad aérea y asegurar la soberanía tecnológica en un rubro que ya disputa protagonismo geopolítico.
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