El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y la Mesa del Litio buscan habilitar minería en zonas hoy protegidas.
El próximo 10 de febrero, la Cámara de Diputados debatirá una propuesta impulsada por el Gobierno nacional que podría significar un cambio radical en la política de protección ambiental del país: la modificación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639), con el fin de permitir actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas actualmente protegidas.
El dictamen, aprobado en las comisiones de Minería y de Ambiente del Senado, otorga a las provincias la potestad para definir qué zonas periglaciares deben considerarse estratégicas, en detrimento del rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), actualmente encargado del inventario y monitoreo.
Organizaciones ambientalistas, como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierten que esta reforma “no es un debate técnico, sino una decisión política de fondo” que pone en riesgo las principales reservas de agua dulce del país. “Se trata de desproteger los glaciares bajo el falso discurso del desarrollo productivo”, denunció Andrés Nápoli, director de FARN.
La iniciativa permitiría a las autoridades provinciales excluir zonas del inventario nacional, incluso sin justificación técnica. “Un subsecretario de minería podría decirle al IANIGLA que saque un glaciar del inventario, sin dar razones, lo que es completamente arbitrario”, explicó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Desde el oficialismo se justifica el proyecto en nombre del “federalismo ambiental” y del impulso a inversiones. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que “la ley se sancionó hace 15 años y no se hizo un inventario”, aunque el IANIGLA publicó una primera edición en 2018 y la última actualización en diciembre de 2024. Por esa labor, el instituto recibió en 2025 el Premio a la Excelencia Científica de la Fundación Williams.
El trasfondo económico es claro: la reforma destrabaría proyectos mineros frenados por la ley vigente. Entre ellos, destacan inversiones anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo: Pachón (Glencore) en San Juan, Agua Rica en Catamarca, Los Azules (McEwen Copper) y Josemaría (Vicuña), por un total de más de USD 20.000 millones.
“El problema es que buscan modificar una ley nacional para calzar cuatro o cinco proyectos mineros específicos”, denunció Nápoli.
Desde el CELS, la APDH y otras organizaciones sociales, alertaron que “la reforma implicaría que provincias autoricen actividades que alterarán el ciclo del agua, acelerarán la desertificación y aumentarán las temperaturas locales”, afectando el derecho a un ambiente sano.
Como antecedente regional, se cita el caso de Pascua Lama, un megaproyecto de oro y plata paralizado por la Corte Suprema chilena en 2020 por sus impactos sobre glaciares, tras años de litigio con comunidades locales.
Una protesta multisectorial se realizará el lunes 21 de diciembre a las 17 horas frente al Congreso Nacional para rechazar la modificación.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
