Se filtra un borrador del oficialismo donde se propone desregular planes de estudio, habilitar educación en casa, reducir carga horaria y convertir la educación en un mercado sin Estado.
En la Argentina libertaria que se cocina desde Balcarce 50, la educación pública no escapa a la motosierra. Esta vez, el blanco es la Ley Nacional de Educación 26.206, vigente desde 2006 y pilar legal del derecho social a aprender. Un borrador titulado “Ley de libertad educativa” circula desde hace días en pasillos legislativos, impulsado por el Consejo de Mayo y el entorno de Javier Milei. Aunque el oficialismo intentó mantenerlo en secreto, la filtración expuso con crudeza su verdadero contenido: una reforma profunda, ideológica y regresiva que busca desmantelar el sistema educativo estatal tal como lo conocemos.
El dogma libertario en versión escolar
El proyecto —no oficial pero confirmado por voceros del oficialismo— plantea un giro radical: desregula contenidos, habilita la enseñanza hogareña (homeschooling), impone recortes en la carga horaria y transfiere responsabilidades estatales a las familias. Las instituciones educativas, públicas y privadas, tendrían libertad total para definir planes de estudio, calendarios, modos pedagógicos y contrataciones docentes. La supervisión estatal desaparece o se reduce a un rol “subsidiario”, es decir, marginal.
En sintonía con otras políticas del gobierno, la lógica de “más mercado, menos Estado” penetra en el corazón de la educación. No hay una sola mención a la palabra “pública” en las 34 páginas del borrador. La “libertad educativa” se traduce, en los hechos, como libertad de empresa y competencia entre escuelas. ¿El resultado probable? Mayor desigualdad, cierre de escuelas vulnerables, deterioro de la calidad y precarización docente.
Sin plan, sin diagnóstico, sin presupuesto
Expertos del campo educativo advierten que el borrador no parte de un diagnóstico técnico serio, ni contempla las múltiples variables del sistema educativo. Guillermo Ruiz (Conicet) alerta: “No hay justificación para un cambio así. El proyecto no tiene asidero constitucional ni normativo, responde a una lógica de ajuste puro”.
Roberto Abdala (UNQ) coincide: “Genera estupor por sus implicancias. Recorta horas, desfinancia al sistema, degrada derechos laborales. Es un golpe de mercado disfrazado de reforma pedagógica”.
La carga horaria también se reduce. La primaria pasaría de 760 a 720 horas anuales, y la secundaria, de 900 a 720. Un retroceso inédito. Menos tiempo en el aula, más tiempo para la desigualdad.
Homeschooling: ¿libertad o abandono?
Uno de los puntos más polémicos es la legalización del homeschooling, es decir, la posibilidad de que padres o terceros eduquen en casa, sin intervención docente. Si bien en muchos países existen marcos legales específicos, el borrador libertario omite todo protocolo de homologación, evaluación o fiscalización estatal.
Ruiz lo explica con claridad: “El modelo se inspira en los sectores religiosos conservadores de EE.UU. y Brasil, donde incluso se habilitó el castigo físico como parte del método educativo”. En Argentina, apenas un 2 % de niños y adolescentes hacen homeschooling, sin cobertura legal plena. El proyecto abriría la puerta a una educación sin control público, sin contenido mínimo, sin derechos.
¿Educación o mercancía?
Más allá de sus tecnicismos, el borrador expresa una concepción ideológica precisa: la educación como bien transable, y no como derecho humano. Las escuelas competirían entre sí por alumnos y fondos. Los consejos de padres podrían remover docentes, y el derecho a huelga quedaría restringido, al declarar la educación un “servicio esencial”.
Todo lo que el Estado garantiza hoy —formación docente, currículo común, financiamiento igualador, derechos laborales— se licuaría en nombre de la “libertad”, pero una libertad que solo tendrán quienes puedan pagarla.
¿Una reforma silenciosa?
La filtración del texto reveló también el intento oficial por evitar el debate. La senadora Carolina Losada lo confirmó al lamentar que “saliera antes de tiempo”. El oficialismo buscaba evitar el escrutinio social, presentar el texto ya negociado entre sus socios y colar la reforma sin escándalo.
Pero los tiempos cambiaron. El contenido ya circula, y la reacción docente, académica y social no se hizo esperar. Porque no se trata de detalles técnicos: se trata del país que se quiere construir.
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