Organizaciones feministas y equipos municipales reclamaron ante la Cámara del Pueblo el tratamiento urgente del pedido de desafuero contra el legislador de SER Santa Cruz, acusado por abuso sexual.
Setenta días de espera. Setenta días de impunidad legislativa, mujeres organizadas y equipos de la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos se concentraron frente a la Cámara del Pueblo para exigir lo que la Justicia ya dictaminó: que el diputado de SER Santa Cruz, acusado por abuso sexual, sea desaforado para ir a juicio.
El legislador, que está procesado por abusar sexualmente de dos mujeres, se mantiene protegido por sus fueros y la inacción de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el oficialismo que aún se niega a habilitar el debate del desafuero.
Panfletada, reunión y presión institucional
La jornada comenzó con una panfletada frente a la Legislatura. Entre las consignas, se leía: “Sin desafuero no hay justicia”, “No es un privilegio, es encubrimiento” y “La Cámara protege abusadores”. En paralelo, un grupo de mujeres mantuvo una reunión con las diputadas Agostina Mora, Lorena Pone, Karina Nieto y los diputados Eloy Echazú y Carlos Godoy, en busca de destrabar el tratamiento.
La presión institucional también escala. Semanas atrás, la Dirección de Políticas de Género—dependiente de la Secretaría de Gobierno municipal—presentó un pedido formal para participar de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reclamando que el expediente tenga perspectiva de género.
Viviana Caballero, titular del área, acompaña desde el primer momento a una de las denunciantes, quien fue revictimizada públicamente por el legislador, que incluso le inició una demanda civil por \$16 millones en concepto de “daños”, una maniobra que organizaciones califican como “una forma brutal de amedrentamiento judicial”.
El caso Españón: entre la justicia y el blindaje político
Españón, dirigente de SER Santa Cruz, fue procesado en la Justicia provincial por delitos contra la integridad sexual y espera el inicio del juicio oral. Sin embargo, la Cámara no habilita el levantamiento de sus fueros, lo que impide que la causa avance. Para ello, se necesita el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y una votación en el recinto que requiere mayoría especial.
“No es que no se pueda. Es que no quieren”, sostuvo una vocera del colectivo feminista autoconvocado. “El oficialismo protege a un diputado acusado de abuso. Esto no es una interpretación. Es una decisión política. Y como toda decisión política, puede revertirse si hay presión social”.
Una deuda con las víctimas
El caso se inscribe en un contexto en el que el acompañamiento institucional hacia víctimas de violencia de género enfrenta obstáculos estructurales, resistencias políticas y operaciones judiciales para silenciar denuncias.
Desde la Dirección de Políticas de Género, insisten en que es imprescindible garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia sin miedo, sin represalias y sin obstáculos institucionales. La demanda por el desafuero de Españón no es solo una exigencia legal: es un grito colectivo contra la impunidad que protege a los poderosos.
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