La tensión crece entre el Municipio de Río Gallegos y el sector de taxis y remises, que amenaza con manifestarse en las puertas de la sede municipal.
La Secretaría de Gobierno local, encabezada por Sara Delgado, detalló este lunes los resultados de una reunión que, aunque en principio había finalizado en acuerdo, generó un fuerte revés durante el fin de semana.
El trasfondo de la disputa
El viernes, representantes de la Asociación de Taxistas y las Cooperativas de Remises solicitaron una audiencia urgente con el Municipio. En el encuentro, del que participaron el jefe de Gabinete, Diego Robles; el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz; y Delgado, los representantes del sector pidieron una prórroga para la verificación técnica obligatoria de este mes, solicitando su extensión hasta abril de 2025.
En respuesta, la secretaria de Gobierno recordó que el intendente Pablo Grasso había autorizado en octubre una prórroga hasta 2024 para ciertos modelos, permitiendo a los vehículos de 2010, 2011 y 2012 mantenerse en circulación. Según Delgado, esa medida vence en noviembre y afecta directamente a 9 taxis y 4 remises, mientras que en 2024 serán 18 taxis y 4 remises los obligados a actualizarse. “La revisión impactará en 27 taxis y 8 remises, en un universo de 280 taxis y 100 remises en Río Gallegos”, puntualizó Delgado, reafirmando que la normativa nacional exige una antigüedad máxima de diez años para los vehículos de transporte público.
Acuerdo y ruptura inesperada
Durante la reunión, el municipio ofreció extender el plazo para los modelos de 2013, a lo que el sector accedió. Además, los referentes de taxis y remises solicitaron una actualización de tarifas a $1100 y $100 la ficha, propuesta que fue aceptada por el municipio. Sin embargo, el sábado debía formalizarse el acuerdo mediante la firma de un acta, pero, según Delgado, el sector decidió retractarse en el último minuto.
“El viernes por la noche me informaron por mensaje que se habían arrepentido, y desde ahí comenzaron a circular mensajes de WhatsApp convocando a una protesta en el municipio,” señaló Delgado. La funcionaria lamentó el cambio de postura y expresó que el Municipio “está comprometido en garantizar que los vehículos que transportan a nuestros vecinos y vecinas cumplan con los estándares de seguridad y calidad”.
Delgado enfatizó que el Municipio ha mostrado siempre una buena predisposición para dialogar y encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores del sector como a la comunidad. Sin embargo, la actitud cambiante del sector de taxis y remises parece responder más a caprichos que a una preocupación real por mejorar el servicio, o incluso a posibles intereses externos que intentan aprovechar el conflicto.
Un conflicto de fondo: regulación versus “servicio trucho”
El enfrentamiento también incluye un debate sobre un proyecto de ordenanza presentado por el partido SER, que apoya una desregulación del servicio, una idea que el Municipio rechaza frontalmente. “Desregular el servicio es llevarlo a la ilegalidad de Uber”, advirtió Delgado, aludiendo a que algunos choferes prefieren operar sin los controles municipales. “Nos parece que no es así; si el Estado te da una licencia, tiene derecho a exigirte un servicio de calidad”, argumentó la secretaria de Gobierno.
En cuanto a Uber, Delgado fue contundente: “Esta municipalidad no quiere que la gente elija a Uber, una empresa que no paga impuestos, tiene vehículos destartalados y no ofrece seguro. Queremos que la gente viaje en taxis y remises locales, y que se haga en condiciones dignas y seguras”.
Futuro incierto y expectativas de diálogo
En medio de este clima de confrontación, Delgado anunció que en los próximos días se convocará a una nueva reunión con los representantes del sector para encontrar soluciones a los problemas de servicio y evitar el ingreso de plataformas no reguladas como Uber. El Municipio parece dispuesto a mantener las normativas vigentes, reafirmando su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio. Sin embargo, desde el sector de taxis y remises se insiste en pedir medidas de flexibilización que parecen más guiadas por intereses particulares que por una verdadera intención de mejorar el transporte en la ciudad.
La comunidad de Río Gallegos observa con expectativa el desarrollo de este conflicto, que podría definir el futuro del transporte público en la ciudad. Pese a las dificultades, el Municipio sigue apostando al diálogo y a garantizar un servicio de calidad para todos los vecinos, mientras que las acciones del sector de taxis y remises plantean interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones.
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