La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, programada para el 4 de abril, enfrenta un nuevo foco de conflicto debido a la eliminación, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de los giros que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, estas transferencias han sido suspendidas, generando tensiones que podrían desembocar en acciones legales, habiendo distritos que han llevado sus reclamos hasta la Corte Suprema de Justicia.
Estas partidas destinadas a las cajas no transferidas están contempladas en el presupuesto nacional, canalizando fondos desde el gobierno central a provincias de diversos espectros políticos como Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Hasta diciembre del año pasado, estas provincias continuaron recibiendo estas partidas, aunque sin actualizaciones, lo que constituía un incumplimiento de la ley. Desde enero, la Casa Rosada dejó de enviar fondos, ni siquiera a valores históricos, acumulando así una deuda respaldada legalmente. Los líderes provinciales están preparados para llevar esta cuestión a los tribunales.
El origen de estas asignaciones se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre la Nación y las provincias. A partir de 2023, se estableció que se actualizarían siguiendo la movilidad jubilatoria, sin embargo, esto nunca se cumplió. El reciente DNU, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, derogó varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, que había sido prorrogada para este año, lo que incluyó este esquema.
Desde la llegada de Milei al poder, estas transferencias se han interrumpido de facto. No solo no se realizaron actualizaciones, sino que directamente se suspendieron. Esto tuvo un impacto significativo en las finanzas provinciales, ya que los recursos no aportados por la Nación deben ser cubiertos por las tesorerías provinciales.
La cuestión de la deuda acumulada por la falta de actualización fue uno de los puntos que los gobernadores plantearon al comienzo de la gestión libertaria como una forma de aliviar las tensiones, pero esta propuesta fue rechazada. Durante la breve gestión de Osvaldo Giordano al frente de Anses, se propuso utilizar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para pagar esta deuda con los sistemas previsionales provinciales, que ascendía a unos US$5.600 millones. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada.
Durante el gobierno de Macri, se acordó que aquellas provincias que no habían transferido los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si estuvieran bajo su órbita, eliminando la necesidad de "armonización" que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
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