El diputado del Frente de Izquierda cuestionó al directorio del hospital y al jefe de Gabinete por cesantías y suspensiones tras la lucha salarial de 2025.
El diputado nacional Néstor Pitrola, integrante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, presentó una cuestión de privilegio en el Congreso contra el directorio del Hospital Garrahan y contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quienes acusó de impulsar sanciones contra trabajadores que encabezaron la lucha salarial del año pasado.
En su intervención, Pitrola denunció que 40 empleados del hospital fueron sancionados con cesantías y suspensiones tras haber participado de un conflicto que, según señaló, culminó con un aumento salarial del 61%. “Es una revancha miserable y nefasta contra quienes defendieron el hospital y le quebraron el brazo al gobierno”, afirmó en el recinto.
El legislador sostuvo que las sanciones no responden a un procedimiento administrativo regular, sino a una decisión política. Cuestionó que, el mismo día en que se emitió el dictamen que recomendaba cesantías y suspensiones, el jefe de Gabinete publicara un mensaje celebrando la medida, cuando —según indicó— el sumario aún no estaba concluido. A su entender, se trata de una orden emanada desde la Casa Rosada para desplazar a referentes de la organización gremial interna.
Pitrola remarcó que durante las huelgas se garantizaron guardias mínimas y la atención pediátrica, y aseguró que el verdadero motivo de las sanciones radica en la modalidad organizativa adoptada por los trabajadores. Según planteó, la asamblea general permitió superar a la conducción sindical tradicional y conquistar un respaldo social amplio. “Esta lucha se transformó en una causa nacional, junto a la discapacidad, la universidad pública y los jubilados”, señaló.
El diputado también vinculó el conflicto con la reciente reforma laboral, al afirmar que el Gobierno busca restringir el derecho de huelga en el sector salud. A su criterio, las medidas disciplinarias constituyen un avance contra quienes demostraron que la organización colectiva puede enfrentar políticas de ajuste.
En el tramo final de su exposición, recordó que trabajadores del hospital participaron de la movilización contra la reforma laboral y denunció que fueron reprimidos. Concluyó reclamando la anulación de las sanciones y la defensa de los dirigentes sindicales, al considerar que el conflicto excede el ámbito hospitalario y se inscribe en una discusión más amplia sobre el derecho a la salud pública y las condiciones laborales.
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