La Inspección General de Justicia (IGJ) hizo pública una denuncia en la que acusa al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), de "nula predisposición" para acatar la resolución de intervención dictada por el Ministerio de Justicia.
Según el comunicado emitido por la IGJ, el IEES empleó una estrategia para evadir la intervención, tomando vacaciones y negándose a recibir a la interventora designada, Norma Cristóbal, con el objetivo de obstaculizar la investigación encomendada.
En el documento, la IGJ explica que la Doctora Norma Cristóbal, en su calidad de interventora del instituto, comunicó su intención de asumir el cargo de manera inmediata mediante una carta documento. No obstante, al presentarse personalmente en la sede del IEES acompañada de un escribano, encontró con sorpresa que la institución se encontraba de vacaciones desde el 24 de julio hasta el 31 de julio de 2023, tal como indicaba un cartel colocado en la puerta de acceso. Como resultado, nadie atendió su llamado.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, ordenó la intervención del IEES tras una investigación de dos meses que reveló que la entidad funcionaba como "mera pantalla" para recaudar fondos provenientes de millonarios aportes de empresas e instituciones. Estos fondos, según la IGJ, eran utilizados por Patricia Bullrich para financiar su campaña presidencial.
La IGJ señaló que estas acciones del IEES violan las normativas establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación en relación con las asociaciones civiles y la Ley Nº 26215 de Financiamiento de Partidos Políticos.
La denuncia presentada en abril por el inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, acusaba al IEES de Bullrich de cometer el delito de defraudación por administración fraudulenta y de infringir la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Según Nissen, la documentación aportada por el instituto demostraba que recibía aportes millonarios que excedían ampliamente los límites legales, y que algunos de estos aportantes incluían empresas relacionadas con el juego de azar, lo cual está prohibido por ley.
La intervención del IEES estaba prevista a llevarse a cabo sin embargo, las actuales autoridades decidieron tomarse vacaciones, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la IGJ. El caso se encuentra ahora en manos del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, quienes deberán determinar las acciones a seguir respecto a esta denuncia.
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