El organismo apeló nuevamente la decisión del juez federal Sebastián Ramos al considerar que resulta “de interés conducir la investigación penal desde la perspectiva tributaria” por las facturas que habrían sido fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos.
El juez federal Sebastián Ramos rechazó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sea querellante en la causa del viaje a Lago Escondido, pero el organismo volvió a insistir porque detectó que las facturas utilizadas habrían sido truchadas para aparentar que los viajeros pagaron ellos mismos el viaje, la estadía y las diferentes actividades porque por la Ley de Ética no pueden aceptar regalos.
Como la decisión de Ramos ya fue apelada por el ente recaudador el pasado 18 de mayo, la definición quedará en manos de la Cámara Federal. Para la AFIP "las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos", según sostuvo el organismo en la presentación.
Al comienzo, cuando la causa tramitaba en Bariloche, la exjueza Silvina Domínguez (ahora jubilada) le pidió a la AFIP información sobre la facturación, además de datos bancarios de todos los implicados. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), que trasladó al grupo en un vuelo privado el 13 de octubre del año pasado, con regreso tres días después, realizó facturas que llevan la fecha del vuelo de salida pero que fueron emitidas el 17 de octubre al mediodía.
El mismo día que se conoció que el viaje a Lago Escondido, lo que causó un lógico escándalo por los involucrados que, entre otros, fueron los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo); el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'alessandro y directivos del Grupo Clarín.
Los comprobantes del avión, a los que tuvo acceso Página 12, estaban antedatados y, además, emitidos a nombre de los viajeros y no de la empresa que los habría invitado. Detallaban que el pago había sido al contado, por 120 mil pesos cada uno y habían sido generados, en su mayoría, con un minuto de diferencia, según informaron allegados a la pesquisa: a las 12.48, 12.49, 12.50, 12.50, 12.52. 12.53, y luego 13.01 y 13.02.
Esto ya había sido advertido por la fiscala de Bariloche Cándida Etchepare, cuando imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público a los miembros del comité judicial-político-mediático. Las facturas de la firma Hidden Lake S.A (la estancia del magnate Joe Lewis), también personalizadas, tenían fecha del 28 de octubre --dos semanas después de la travesía-- y figuraba el valor de 605 dólares por cada pasajero.
"Al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake S.A y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior”, sostuvo la AFIP en la presentación.
Y señaló que: “A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros, que resulten conexos".
Uno de los argumentos de Ramos es que "si los comprobantes tienen por finalidad la comisión de otros delitos" la acusación tiene que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, a lo que la AFIP le respondió: "La emisión de comprobantes apócrifos no puede resultarle ajena al organismo, debiendo destacar que no solo podemos vislumbrar una posible evasión fiscal, sino también una adulteración dolosa de registros y/o una asociación ilícita fiscal”.
Y continuó: “No se desconoce la función constitucional del MPF de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, pero ello en nada obsta a la constitución de otros órganos del Estado como parte querellante".
Ramos ya había rechazado un pedido del ministro de Justicia, Martín Soria, para ser querellante. El ministro planteaba ampliar nuevas líneas de investigación para reconstruir las resoluciones judiciales de participantes del grupo en las que pudiera tener interés Clarín. Por ejemplo, tras el viaje, Cayssials firmó dos resoluciones en beneficio del grupo y habría movido otros 24 expedientes.
Para los abogados del ente recaudador, resulta “de interés conducir la investigación penal desde la perspectiva tributaria” por lo que la AFIP “resulta idónea para acompañar al Ministerio Público Fiscal en la acusación”. Ahora resta saber qué resuelve la Cámara Federal ante la nueva apelación del organismo.
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