El diputado Eduardo Valdés, que acompañó al Presidente en la misa en Luján, presentará el lunes un proyecto para establecer la capacitación obligatoria contra el odio en los tres poderes del Estado. Alberto Fernández, por su parte, estudia la posibilidad de introducir alguna modificación a los delitos contra el orden constitucional en el Código Penal.
Tras la misa en Luján por "la paz y la fraternidad", desde el bloque del Frente de Todos presentarán este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley "anti odio", que prevé la capacitación de todas las personas que se desempeñen en la función pública "para erradicar el odio y permitir una convivencia más sana entre quienes habitamos el suelo argentino". La iniciativa contempla que accionar contra los discursos del odio podría ser considerado por algunos sectores como un recorte de la libertad de expresión, pero aclara que este derecho "no es absoluto", tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presidente Alberto Fernández avala este proyecto, pero tiene también otro en estudio para modificar el Código Penal agravando delitos contra el orden constitucional.
El autor del proyecto es el diputado Eduardo Valdés, quien este sábado acompañó de ida y de vuelta al Presidente desde Olivos hasta la Basílica de Luján. Luego del atentado contra Cristina Kirchner, Valdés había planteado la necesidad de generar algo así como una "ley Micaela" -que estableció la capacitación obligatoria en cuestiones de género y violencia de género- para los discursos del odio y la violencia política. Desde la oposición y los medios afines salieron inmediatamente a calificarla como "ley mordaza" e incluso la portavoz Gabriela Cerruti descartó que pudiera proponerse algo en esa dirección. Sin embargo, la denominada ley de "Capacitación obligatoria contra el odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado" no contiene especificaciones referidas a los medios de comunicación ni tampoco ningún aspecto punitivo.
Se trata de trece artículos que establecen la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la temática contra el odio para todos los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de una autoridad de aplicación que deja a criterio del Ejecutivo. Quienes se negaren a cumplir la capacitación serán objetivo de una sanción disciplinaria y de la posibilidad de que se haga pública esa negativa en la web. El proyecto invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adoptar una normativa similar. "Las expresiones de odio contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad, ideología política u otra característica grupal, están muy presentes en la actualidad", se aclara en los fundamentos de la propuesta.
Para los que interpretan que podría significar un limitación a la libertad de expresión, subraya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos marca que "estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas". También remarca que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresiones de odio cuando incitan a la discriminación, la hostilidad y la violencia.
El Presidente volvió conforme de su participación en la misa en Luján, de la que la oposición se negó a participar. Valdés le mostró este proyecto a Fernández, que le dio su consentimiento, así que ahora habrá que esperar el periplo que tendrá a partir del lunes en la Cámara de Diputados. Por su parte, en virtud de los últimos sucesos, el Presidente tiene estudio la posibilidad de reformar el Código Penal en el capítulo referido a la Defensa del Orden Constitucional y la Vida Democrática, los artículos que van del 226 al 228, que básicamente penan a quienes busquen alzarse en armas contra los poderes del Estado.
Lo que Fernández -que es profesor de Teoría General del Delito en la UBA- evalúa es que no puede tener la misma sanción tirar piedras contra el vidrio de cualquier ventana que, por ejemplo, hacerlo contra el despacho de la vicepresidenta, como ocurrió en marzo pasado cuando el Congreso trataba la aprobación del acuerdo con el FMI. En ese caso claramente hay un objetivo político particular, agravante de cualquier otra rotura de ventana. Otro caso es la protesta del 18 de agosto, cuando se lanzaron antorchas y bombas molotov contra la Casa Rosada, una actividad de la que ahora se sabe que participó Brenda Uliarte, la novia del atacante de Cristina. Si en estos ataques hubieran existido agravantes de las sanciones contras los atacantes, tal vez se hubiera evitado que la situación escalara. Es una idea que el Presidente comentó entre sus colaboradores, aunque todavía no quedó plasmada en una propuesta.
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