En una decisión que marca un hito en la historia reciente de Chile, el Congreso aprobó este miércoles la tan debatida reforma de pensiones, introduciendo cambios significativos al sistema instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981.
Con 110 votos a favor y 38 en contra, la iniciativa impulsada por el presidente Gabriel Boric busca mejorar las condiciones de los jubilados y promover una mayor equidad en el sistema previsional.
Uno de los cambios más destacados es el incremento de la cotización previsional, que pasará del 10% actual al 17%, siendo este aumento asumido por los empleadores de manera progresiva en un plazo de nueve años. Este aporte adicional se dividirá entre la cuenta individual del trabajador y un nuevo Seguro Social, destinado a fortalecer la solidaridad del sistema y a reducir brechas de género.
Además, la reforma eleva la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 214.000 a 250.000 pesos chilenos (aproximadamente 253 dólares), beneficiando a cerca de 2,8 millones de jubilados, quienes verán incrementos en sus pensiones de entre un 14% y un 35%.
Aunque inicialmente se planteó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), finalmente se optó por mantenerlas, pero con una regulación más estricta que fomenta la competencia y la transparencia. Se implementarán licitaciones de carteras de afiliados cada dos años, con incentivos y sanciones basados en la rentabilidad obtenida, y se reemplazarán los fondos actuales por Fondos Generacionales, ajustados a la edad de los afiliados.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, calificó la aprobación como "un imperativo ético y un acto de justicia", subrayando que durante más de cuatro décadas el ahorro previsional recayó exclusivamente en los trabajadores. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que la reforma es fiscalmente responsable y que el aumento en el ahorro interno impulsará la inversión y el crecimiento económico, compensando posibles efectos negativos en el empleo debido al alza en los costos laborales.
Esta reforma responde a una demanda social que se intensificó tras las protestas de 2019 y representa un avance significativo hacia un sistema previsional más equitativo y solidario en Chile.
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