En medio del paro de 72 horas, el Gobierno santacruceño se niega a mejorar salarios y presiona con pedidos de listas de adherentes.
El conflicto docente en Santa Cruz se agrava no sólo por la negativa oficial a reabrir la paritaria, sino por la aparición de una práctica que recuerda las peores épocas del autoritarismo sindical: la persecución encubierta.
En las últimas horas, la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), alineadas con el oficialismo, han ordenado a directivos escolares pedir nombre, apellido y DNI de los docentes adheridos al paro, una práctica claramente intimidatoria que excede los límites legales y éticos. Las planillas de novedades, en cambio, exigen únicamente el recuento de personal activo y adherido, sin identificación nominal.
Las responsables señaladas son Iris Rasguido, Esther Pucheta y Adela Vera, parte del llamado “tridente kirchnerista” del CPE, que vuelve a operar no con la lógica del diálogo, sino con el manual del apriete disfrazado de burocracia administrativa.
El objetivo de esta avanzada no parece ser otro que amedrentar a las y los docentes que sostienen una huelga de 72 horas decidida de forma unánime, por falta de una propuesta salarial real. El conflicto no es nuevo, pero sí más profundo: los maestros están por debajo de la línea de pobreza, con sueldos que ni siquiera cubren el costo de vida regional.
Sin conciliación ni voluntad política
El propio Ministerio de Trabajo dejó en libertad de acción a las partes al no dictar la Conciliación Obligatoria, lo que refuerza la legitimidad de la huelga. En ese marco, la exigencia de datos personales carece de fundamento legal y es abiertamente intimidatoria.
ADOSAC reclama una única cosa: ser convocado a una mesa paritaria donde se ponga sobre la mesa una propuesta digna, que empiece a sacar al salario docente del subsuelo. A cambio, el Gobierno de Claudio Vidal opta por el silencio o el intento de disciplinamiento forzoso.
La receta del “apriete institucional” ya fracasó muchas veces. El conflicto se cierra con plata, no con amenazas. Con respeto, pero con firmeza, el sindicato reiteró que apenas exista una propuesta razonable, se podrá volver a las aulas.
¿Qué reclaman los docentes?
Salarios que superen la Canasta Básica Total regional.
Pago del título docente en todos los cargos.
Reparación de las escuelas deterioradas.
Respeto a la Ley de Educación Provincial (Ley 3305).
Fin a la persecución laboral y restablecimiento del diálogo institucional con las direcciones escolares.
El trasfondo político
Que esta escalada represiva surja de funcionarios identificados con el kirchnerismo local no es casual. Pero más allá de etiquetas, el apriete es apriete, y vulnera derechos básicos en democracia.
Lo que se necesita en Santa Cruz es decisión política, voluntad de negociar en serio y compromiso con la educación pública. Lo que sobra son prácticas extorsivas disfrazadas de protocolo.
Porque como bien dijeron desde ADOSAC: no se puede educar ni aprender en condiciones de pobreza y hostigamiento.
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