El sector pyme argentino enfrenta uno de sus momentos más críticos de su historia, con la brutal caída de consumo interno, el aumento de costos de servicios y la dificultad de exportar debido a un dólar poco competitivo como principales factores de una recesión que sigue profundizándose.
Según el Frente Productivo Nacional, en lo que va del año cerraron 16.500 pequeñas y medianas empresas (PyMEs), lo cual afecta a miles de familias y desangra el empleo en la economía argentina.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que las ventas en comercios pymes sufrieron una baja del 13,2%, un porcentaje que revela el alcance de la crisis y las dificultades para sostener el consumo en medio de la recesión. Esta situación crea un círculo vicioso: el cierre de empresas genera más desempleo y menos consumo, lo que a su vez impacta negativamente en el resto de los comercios, profundizando la caída de la actividad económica.
La presión sobre las pymes también proviene de la elevada inflación y los costos de servicios, que han impactado de manera directa en los gastos de producción. A su vez, el tipo de cambio resulta poco competitivo para las exportaciones, lo que limita las posibilidades de recuperación a través de la venta externa, una situación que ya ha desalentado a muchos productores.
Frente a este contexto adverso, los empresarios reclaman con urgencia la aprobación de una "Ley PyME" que brinde alivio fiscal, reducción de cargas y condiciones de financiamiento adecuadas para sostener a las pequeñas empresas. No obstante, hasta el momento no han recibido respuestas concretas del Poder Legislativo, y la incertidumbre crece entre los sectores productivos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es hasta ahora el único funcionario en activo contacto con el sector, habiendo mencionado un posible Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) que ofrecería algunos beneficios para las pymes. Sin embargo, los empresarios consideran que es poco probable que este proyecto se materialice a corto plazo, dada la complejidad y el tiempo que requieren las gestiones legislativas.
El presidente Javier Milei, en tanto, mantiene un discurso optimista sobre la situación económica, afirmando recientemente que “la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”. Sin embargo, estas declaraciones, realizadas en un acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), contrastan fuertemente con los datos de contracción económica y el cierre de pymes. Este optimismo oficial ha generado escepticismo y críticas en el sector pyme, que sufre en carne propia la crisis y percibe que el crecimiento anunciado no se refleja en sus números ni en sus perspectivas a corto plazo.
La economía argentina, en términos generales, tampoco muestra señales claras de recuperación. El informe de actividad económica de agosto reflejó una caída interanual del 3,8%, y aunque en relación a julio presentó un ligero avance del 0,2%, el acumulado del año registra una baja del 3,1%. Los datos dejan en evidencia que, a pesar de las declaraciones oficiales, la situación para las pequeñas y medianas empresas continúa en deterioro, y el horizonte de recuperación parece aún lejano.
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