En el contexto de la acalorada disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición por el veto presidencial a la nueva ley de movilidad jubilatoria, surgió un dato preocupante: más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina se encuentran bajo la línea de la pobreza.
Esta alarmante cifra fue revelada por la Defensoría de la Tercera Edad, y subraya la grave crisis económica que afecta a uno de los sectores más vulnerables del país.
La crítica situación económica de los jubilados
Según la Defensoría de la Tercera Edad, para cubrir la canasta básica, un jubilado necesitaría alrededor de $800.000 mensuales. Sin embargo, en agosto de 2024, la jubilación mínima se situó en apenas $225.497,54. Incluso con el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno, el ingreso total de $295.000 sigue siendo insuficiente para cubrir los costos básicos de vida. Este desfasaje económico ha llevado a que millones de jubilados vivan en condiciones de extrema precariedad.
La situación es aún más preocupante para quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y para aproximadamente un millón de personas que perciben pensiones no contributivas, cuyo monto mensual es de apenas $220.000. Estos ingresos, lejos de cubrir las necesidades mínimas, agravan la situación de un sector ya castigado por la inflación y la falta de políticas efectivas de protección social.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, ha advertido sobre las graves consecuencias de esta situación, destacando que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores padecen hipertensión y problemas de colesterol, pero sus magras jubilaciones les impiden acceder a los alimentos y medicamentos necesarios para cuidar su salud. Además, muchos enfrentan dificultades para costear servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.
El veto de Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria
El reciente veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado ha generado un profundo malestar en diversos sectores. La ley, que contemplaba un aumento del 8,1% en las jubilaciones, fue bloqueada por el Ejecutivo bajo el argumento de que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Gobierno señaló que el proyecto aprobado por el Congreso "tiene como único objetivo destruir el programa económico" impulsado por la administración Milei.
El comunicado oficial sostiene que la nueva ley, al establecer gastos "exorbitantes" sin una partida presupuestaria correspondiente, obligaría al Gobierno a recurrir a la emisión monetaria, al aumento de impuestos o al endeudamiento, medidas que, según Milei, han sido las causantes del "fracaso económico de los últimos 100 años". Con este veto, el presidente reafirma su compromiso de mantener el superávit fiscal "a toda costa", a pesar de las críticas y del impacto negativo que esta decisión podría tener en la calidad de vida de millones de jubilados.
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