En un nuevo paso hacia el control de las universidades nacionales, el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes un dictamen que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente de la Presidencia, para actuar como nuevo órgano auditor de las casas de altos estudios.
Esta decisión llega tras el blindaje en Diputados al veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, profundizando las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema universitario.
El dictamen de Barra se fundamenta en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Ley 24.156), que prevé mecanismos de control interno para las instituciones públicas, incluyendo las universidades, sin vulnerar su autonomía y autarquía, según lo establecido en la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).
Esta resolución modifica una decisión tomada en 2022 por el exprocurador Carlos Zannini, quien había limitado el alcance de la SIGEN en las universidades, estableciendo que solo podrían ser auditadas cuando así lo dispusieran la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso. Con el nuevo dictamen, la SIGEN tendrá un rol más activo, ampliando el control sobre las universidades.
Tensiones por la autonomía universitaria
La decisión de Barra responde a una solicitud del bloque parlamentario del PRO, que ha buscado aumentar la fiscalización sobre el manejo de fondos en las universidades. Esta medida ha sido recibida con preocupación por parte del ámbito académico, dado que se interpreta como un intento de intervención que pone en peligro la autonomía universitaria, uno de los pilares del sistema educativo superior en Argentina.
En 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, había firmado un convenio con la SIGEN que permitía a las universidades optar por auditorías del organismo. Sin embargo, con este nuevo dictamen, la SIGEN pasa a tener un rol permanente y obligatorio en la fiscalización de las universidades, algo que genera un fuerte debate sobre la autonomía financiera y funcional de las instituciones.
El contexto político
El movimiento para que la SIGEN audite a las universidades nacionales se da en un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Javier Milei hacia las casas de altos estudios. La discusión sobre los recortes presupuestarios y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario ya había generado una ola de críticas desde el ámbito académico y estudiantil. Esta decisión profundiza la sensación de intromisión estatal en un sector que ha sido históricamente autónomo.
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