En una jornada clave para la educación pública, el plenario de comisiones de Educación y Cultura junto con el de Presupuesto y Hacienda dio dictamen favorable al proyecto de financiamiento de las universidades nacionales.
Este avance permite que la iniciativa, proveniente en revisión desde la Cámara de Diputados, pueda ingresar al recinto para su debate en la próxima sesión del Senado.
La Comisión de Educación y Cultura designó como vicepresidente al senador Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical (UCR). En su intervención, Fama destacó la urgencia del proyecto: "Este proyecto solo discute los fondos mínimos para poder funcionar y garantizar salarios, obras y becas. Tenemos que trabajar fuertemente para recomponerlos". Sus palabras reflejan la preocupación por la precaria situación financiera que atraviesan las universidades del país.
Sin embargo, la discusión estuvo marcada por diferencias políticas. El senador del espacio de La Libertad Avanza (LLA), Atauche, defendió la postura del gobierno, asegurando que "el Gobierno viene apoyando a la educación y se ha aumentado un 70% el presupuesto, a pesar de que venía atrasado desde el 2022". Pese a este aumento, Atauche advirtió que "el impacto fiscal, calculado por el Ministerio de Capital Humano, supera los 1100 millones de dólares. Es un costo alto y hay que revisar a dónde va ese dinero, qué es lo que se hace".
El gobierno de Javier Milei, que ya ha dado muestras claras de su orientación económica, ha decidido vetar la ley de financiamiento universitario y la actualización salarial para docentes y no docentes, en caso de que el Senado le dé sanción definitiva. El Ejecutivo argumenta que, tal como sucedió con el ajuste jubilatorio recientemente convertido en ley, se debe priorizar la reducción del gasto público. Esta medida, que sería otro golpe a los sectores más vulnerables, generaría tensiones tanto dentro del Congreso como en las calles, donde los gremios educativos ya advierten sobre posibles movilizaciones.
En este escenario, el futuro de la educación superior queda en la incertidumbre, ya que la falta de fondos no solo comprometería el pago de salarios, sino también las becas estudiantiles y las obras de infraestructura necesarias para sostener el sistema universitario público.
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