El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la transferencia de los complejos de Chapadmalal y Embalse a la AABE para su privatización, destacando la eficiencia del sector privado en la gestión hotelera.
El Gobierno nacional avanza en la privatización de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, históricos íconos del turismo social argentino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión de transferir ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el objetivo de que pasen a manos privadas. “El Estado no debe proveer servicio de hotelería. Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”, afirmó Sturzenegger en sus redes sociales .
La medida fue habilitada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien declaró la “innecesariedad” de los hoteles, permitiendo su traspaso a la AABE. Esta decisión marca un giro en la postura de Scioli, quien en mayo de 2024 había negado cualquier intención de privatización.
Sturzenegger elogió la actitud de Scioli, destacando su “firmeza para tomar la decisión”. Además, recordó su experiencia como presidente del Banco Ciudad, donde decidió vender un predio turístico que generaba más costos que beneficios, argumentando que “el absurdo se reveló cuando hice los números: el costo del establecimiento y las dificultades para el banco de administrarlo era de tal magnitud que los alojamientos sub-estándar que podía proveer salían más que alojar a los empleados en el famoso Llao-Llao” .
El Gobierno justifica la privatización como parte de su plan para reducir el déficit fiscal y reestructurar el Estado. Según datos oficiales, los complejos generaban una pérdida de más de 10 millones de dólares anuales, cifra que se redujo a 1 millón en el último año. La transferencia a operadores privados busca potenciar el valor turístico de ambos lugares y generar beneficios para las comunidades locales.
Sin embargo, la medida ha generado críticas por el desmantelamiento del turismo social y la pérdida de espacios históricos destinados al esparcimiento de sectores populares. Organizaciones sindicales y sectores de la oposición han expresado su rechazo, argumentando que los complejos cumplen una función social y que su privatización representa un retroceso en materia de derechos.
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