La recomposición salarial incluye dos tramos, fondos para funcionamiento y hospitales universitarios, aunque gremios y rectores advierten que no alcanza para recuperar lo perdido.
Después de más de dos años de conflicto, marchas federales, paros, clases públicas y reclamos sostenidos en las calles, el Gobierno nacional anunció un acuerdo con el sistema universitario que contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y nodocentes, además de nuevos fondos para funcionamiento, hospitales universitarios y becas específicas.
El entendimiento fue informado por el Ministerio de Capital Humano y ratificado en el ámbito paritario con participación del Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones gremiales del sector. Sin embargo, tanto rectores como sindicatos advirtieron que la medida representa apenas un avance parcial y que no alcanza para resolver el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.
La recomposición salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre sobre los básicos de septiembre. De esa forma, el incremento total de la masa salarial llegará al 24,33%.
El Gobierno también comprometió una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. En cambio, no se incluyó una mejora para las Becas Progresar, uno de los puntos más sensibles para estudiantes de sectores populares.
El anuncio llega luego de un largo período de tensión entre la administración de Javier Milei y la comunidad universitaria. Desde fines de 2023, las universidades públicas denunciaron un fuerte deterioro presupuestario, caída del salario real, dificultades de funcionamiento y pérdida de investigadores, docentes y trabajadores especializados.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades, Fedun, valoraron la reapertura del diálogo y consideraron que la convocatoria oficial representa un avance después de 18 meses consecutivos de pérdida salarial y falta de paritarias regulares. Sin embargo, aclararon que el acuerdo no implica abandonar los reclamos pendientes.
“La lucha sirvió, pero continúa”, resumió la federación docente. El sector sostiene que todavía queda por recuperar una parte sustancial del poder adquisitivo perdido desde el inicio del gobierno de Milei y que el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario sigue siendo una demanda central.
El Consejo Interuniversitario Nacional también calificó la actualización como un paso importante, aunque insuficiente. Los rectores remarcaron que la reapertura de la paritaria y el aumento salarial son consecuencia de la movilización sostenida de la comunidad universitaria, pero no solucionan el problema estructural que atraviesa el sistema.
La paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre y luego deberá continuar con encuentros periódicos en plazos no mayores a tres meses. En esas instancias se discutirá la actualización salarial de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC y la recomposición del desfasaje acumulado durante 2024.
Uno de los puntos políticos más relevantes es que el acuerdo no implica que el CIN retire el reclamo judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa discusión continúa en la Corte Suprema, donde las universidades buscan que se garantice el cumplimiento efectivo de la norma.
El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, fue claro al señalar que el aumento representa un alivio para docentes, nodocentes y estudiantes, pero no resuelve la cuestión de fondo. “Nosotros no vamos jamás a retirar la ley”, afirmó, dejando en claro que el conflicto institucional sigue abierto.
El acuerdo, entonces, aparece como una tregua parcial antes que como una solución definitiva. Para el Gobierno, permite mostrar una instancia de negociación luego de meses de tensión. Para las universidades, confirma que la presión social, legislativa y judicial tuvo efecto. Pero para los trabajadores y estudiantes, los números todavía quedan lejos de reparar todo el daño provocado por la caída del financiamiento.
La universidad pública logró arrancar una respuesta. Pero el reclamo central permanece: recuperar salarios, garantizar becas, sostener investigación, financiar hospitales universitarios y asegurar que la educación superior no quede sometida al ajuste permanente.