La dudosa escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró en Comodoro Py que la compra del departamento de Manuel Adorni se financió en 12 cuotas mensuales de 16.600 dólares, lo que abre interrogantes sobre la capacidad económica del funcionario.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un testimonio que, lejos de despejar dudas, volvió a poner el foco en la estructura financiera de una de sus operaciones inmobiliarias. En los tribunales de Comodoro Py, la escribana Adriana Mónica Nechevenko aseguró que la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, se realizó mediante un esquema de pagos en cuotas sin interés que resulta, al menos, llamativo en el contexto de los ingresos declarados por el funcionario.
Según explicó la notaria ante el fiscal Gerardo Pollicita, la operación se concretó con un adelanto inicial de 30 mil dólares, mientras que los 200 mil restantes se pactaron en 12 cuotas mensuales. Esto implica pagos de aproximadamente 16.600 dólares por mes durante un año. La escribana sostuvo que se trató de una “operación normal” y negó haber detectado irregularidades en el procedimiento.
Uno de los puntos que intentó aclarar fue la participación de las dos jubiladas que figuran como prestamistas, Claudia Sbabo y Beatriz Viega. De acuerdo con su declaración, no hubo entrega de dinero en efectivo, sino que se trató de una hipoteca por saldo de precio, una modalidad en la que las vendedoras financian parte de la operación y mantienen un crédito a su favor hasta la cancelación total.
El testimonio, sin embargo, dejó zonas grises. Consultada por las reiteradas visitas a la Casa Rosada para ver a Adorni, Nechevenko evitó dar detalles y se limitó a señalar que prefería no explicar esos encuentros por tratarse de su cliente. La respuesta sumó un elemento más de opacidad en un expediente que ya venía cargado de interrogantes.
La declaración de la escribana se suma a la del ex jugador de Lanús Hugo Morales, quien había vendido el departamento. Morales relató que inicialmente pretendía obtener 250 mil dólares por la propiedad, pero finalmente aceptó 200 mil debido al estado de deterioro del inmueble.
El eje de las dudas gira ahora en torno a la relación entre los montos acordados y los ingresos del funcionario. Al momento de la compra, Adorni percibía un salario cercano a los 3,5 millones de pesos, que luego se actualizó a unos 7 millones. Aun considerando esa mejora, las cuotas mensuales en dólares aparecen muy por encima de sus ingresos formales, lo que abre preguntas sobre cómo afrontó —o afronta— esos pagos.
La escribana también reconoció haber intervenido en otras operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario, como una hipoteca previa sobre un departamento en la avenida Asamblea y la compra de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, aclaró que no tiene información sobre el origen de los fondos utilizados en esas transacciones.
El expediente continuará con nuevas declaraciones. Este jueves están citadas las dos jubiladas que figuran como acreedoras en la operación de Caballito, mientras que la semana próxima deberán presentarse otras personas vinculadas a préstamos anteriores. En paralelo, la defensa de Adorni, encabezada por el abogado penalista Matías Ledesma, enfrenta el desafío de demostrar que el patrimonio del funcionario tiene un origen lícito, en un tipo de causa donde el propio imputado debe aportar las pruebas que respalden su situación económica.
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