La medida, justificada como “preventiva”, dejó afuera a medios acreditados sin aviso previo y reavivó el debate sobre libertad de expresión y acceso a la información pública.
En una decisión que generó fuerte polémica política e institucional, el Gobierno nacional dispuso restringir el acceso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de distintos medios, en un nuevo capítulo de tensión entre la administración de Javier Milei y la prensa.
La medida se concretó en los accesos a Balcarce 50, donde personal de seguridad comenzó a controlar de manera individual a los trabajadores acreditados. En ese contexto, varios periodistas, pese a contar con habilitación vigente, fueron notificados en el momento de que no podían ingresar a cumplir sus tareas habituales.
Desde el Gobierno señalaron que se trata de una “medida preventiva” vinculada a una investigación sobre una presunta campaña de desinformación con origen extranjero. Sin embargo, no se difundió un listado oficial de los medios alcanzados ni se establecieron plazos concretos para la restricción, lo que incrementó la incertidumbre.
Entre los medios afectados, distintas crónicas mencionan a El Destape, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y Ámbito Financiero. En todos los casos, los periodistas no fueron notificados previamente, lo que generó malestar en el ámbito periodístico.
La medida tampoco tuvo un criterio uniforme dentro del Estado. Mientras en la Cámara de Diputados se analizó replicarla, desde el Senado adelantaron que no adoptarán una decisión similar, marcando diferencias internas en el manejo del conflicto.
Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el ámbito legislativo comenzaron a impulsarse iniciativas para rechazar la restricción, mientras que entidades del sector encendieron alertas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “preocupación” y advirtió que limitar el acceso de la prensa a fuentes oficiales afecta directamente el derecho ciudadano a la información.
“El acceso de la prensa a fuentes oficiales es un componente esencial del sistema democrático”, señalaron desde la entidad, marcando uno de los puntos centrales del debate.
El episodio se inscribe en un vínculo tenso entre el Gobierno y los medios, atravesado por críticas recurrentes del oficialismo, cuestionamientos a la cobertura periodística y propuestas vinculadas al control de la información pública.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida no apunta contra periodistas en particular, sino que responde a la necesidad de investigar posibles injerencias externas. Sin embargo, el impacto concreto es la limitación del trabajo de prensa en la principal sede del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el debate de fondo vuelve a instalarse: hasta qué punto una investigación en curso puede justificar restricciones que afectan el ejercicio periodístico sin comprometer principios básicos de transparencia institucional.
Con nuevas reuniones previstas con directivos de medios y la posibilidad de que la medida se extienda a otros ámbitos, el conflicto permanece abierto y con proyección incierta.
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