El intendente de Río Gallegos cuestionó el proyecto laboral de Milei y advirtió que los municipios santacruceños perderían cerca de $5.000 millones.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y advirtió que sus efectos no solo recaerán sobre los trabajadores, sino también sobre las finanzas de los municipios santacruceños.
“Esta reforma es retrógrada y esclavista, y además le quita recursos a los Municipios”, sostuvo el jefe comunal, al cuestionar la propuesta que se debate en el Congreso. Grasso planteó que mientras en otras partes del mundo se discuten esquemas de reducción de jornada y menos días laborales, en la Argentina se avanza en sentido contrario, con iniciativas que habilitarían jornadas de hasta doce horas diarias sin pago de horas extras.
El intendente señaló que el proyecto perfora derechos vinculados a vacaciones, indemnizaciones y jornada laboral, y puso el foco en la posibilidad de que el salario pueda abonarse en distintas monedas o incluso en bienes. “Nos remite a épocas ancestrales”, afirmó, al comparar esa alternativa con sistemas de pago en especies o vales que marcaron etapas conflictivas de la historia laboral argentina.
También cuestionó el fraccionamiento de las vacaciones a criterio del empleador y la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta doce cuotas. Según planteó, el escenario recuerda a las políticas de los años noventa, cuando bajo la promesa de modernización se profundizó el desempleo.
En el plano sindical, Grasso sostuvo que la reforma debilita la organización de los trabajadores al restar peso a las asambleas y priorizar convenios por empresa por sobre los sectoriales o nacionales. A su entender, los cambios favorecen a las empresas y amplían el período de prueba de tres a seis meses, reduciendo cargas vinculadas al Impuesto a las Ganancias.
El jefe comunal puso especial énfasis en el impacto fiscal. Aseguró que los municipios santacruceños perderían cerca de $5.000 millones como consecuencia de las modificaciones impositivas asociadas al proyecto. Aunque uno de los artículos sobre alícuotas fue retirado, explicó que ese punto representaba apenas el 38% del costo fiscal estimado para provincias y comunas.
“Esta reforma no solo avanza sobre los derechos de los trabajadores, sino que también afecta gravemente el financiamiento de los gobiernos locales, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales para nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.
Las declaraciones del intendente se inscriben en un clima de alta tensión política y sindical, con movilizaciones en distintas ciudades y un debate parlamentario que divide aguas tanto a nivel nacional como en las provincias.
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