El gobernador Claudio Vidal se vuelve a enfrentar con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia con una maniobra que vulnera la autarquía y pone en jaque los acuerdos paritarios.
El conflicto entre el gobernador Claudio Vidal y el Poder Judicial de Santa Cruz dejó de ser una sospecha soterrada para convertirse en un enfrentamiento abierto, con impacto directo sobre los salarios del personal judicial. La reciente decisión del Ministerio de Economía de bloquear la ampliación de fondos para liquidar los haberes de enero con los aumentos acordados es mucho más que una medida administrativa: es una señal política contundente en una pulseada por la autonomía del Poder Judicial.
Amparado en una resolución que congela las cuotas salariales a las pautas previas al 31 de agosto de 2025, el Ejecutivo provincial impuso un techo arbitrario que desconoce los compromisos paritarios posteriores. La maniobra se justifica con argumentos de coyuntura financiera, pero en el fondo revela una voluntad clara de disciplinar presupuestariamente al Poder Judicial. No hay improvisación en esta jugada: es una estrategia de presión sobre una estructura institucional que, hasta ahora, había mantenido cierta distancia del nuevo oficialismo.
El Tribunal Superior de Justicia, presidido por Renée Guadalupe Fernández, respondió con rapidez, garantizando el pago en tiempo y forma aunque con los valores de diciembre pasado. Se actualizó la antigüedad y algunas asignaciones, pero el gesto no alcanzó a disimular la gravedad del episodio. Porque lo que está en juego no es solo un salario, sino el respeto a la autarquía presupuestaria del Poder Judicial y, en última instancia, el equilibrio republicano en la provincia.
Mientras Vidal avanza con su modelo de control del gasto —y del poder—, la tensión institucional escala. La negativa a girar los fondos debidos no solo erosiona la confianza entre poderes, sino que instala un precedente peligroso: que el Ejecutivo pueda condicionar a conveniencia el cumplimiento de acuerdos legítimamente alcanzados. El conflicto está planteado. Y no se resuelve con un recibo de sueldo.
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