Cholila y la región cordillerana enfrentan una catástrofe ambiental mientras el Gobierno nacional responde con un decreto tardío, sin fondos ni medidas concretas.
Mientras la emergencia ígnea en la Patagonia se intensifica, lo que arde no son solo los bosques: también el entramado institucional de un Estado que responde con generalidades, burocracia y abandono. En Cholila, Chubut, cuatro frentes de fuego avanzan sin freno, alimentados por el calor, el viento y una sequía que lleva dos años. Desde diciembre, las llamas ya devoraron más de 50 mil hectáreas sólo en esa provincia, sumando otro desastre a los más de 180 mil hectáreas calcinadas en La Pampa.
En este contexto, la firma del Decreto 73/2026 por parte del presidente Javier Milei —apresurado por la presión de gobernadores y la exposición mediática— lejos de ofrecer soluciones, expone una mecánica conocida: declarar una emergencia sin articular ninguna herramienta concreta para enfrentarla. Sin fondos, sin asignaciones específicas, sin líneas de acción, el decreto se reduce a una pieza testimonial. Aún más indignante resulta que, en paralelo, el Ministerio de Seguridad anunciara envíos de fondos a Bomberos Voluntarios que en realidad eran partidas ya recaudadas y retenidas del ejercicio 2025.
Mientras tanto, el fuego se acerca a Esquel, amenaza viviendas rurales y avanza sobre el centro de esquí La Hoya. El brazo sur del incendio, que nació en diciembre en el Lago Menéndez, viene arrasando con bosques y pasturas, golpeando de lleno a las pequeñas producciones ganaderas de la zona. En Cholila, el 80 % de los rodeos pertenece a familias que combinan la cría de animales con otras tareas rurales para sostener ingresos que, con el fuego, ya no existen. Los campos quedaron arrasados, los animales murieron calcinados o no tendrán con qué alimentarse este invierno.
En ese escenario, las “medidas de alivio fiscal” anunciadas por el gobernador Ignacio Torres no hacen más que evidenciar el vacío de gestión: prórroga de pagos de Ingresos Brutos hasta junio y del impuesto a los sellos hasta abril. No hay exenciones, no hay créditos blandos, no hay subsidios ni kits de emergencia productiva. Para quienes lo perdieron todo, solo hay tiempo… para seguir esperando.
La situación en la región empeoró tras una tormenta eléctrica seca que desató nuevos focos en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo, y en Villa La Angostura. También se reactivaron llamas en el Cerro Pirque, en El Hoyo. Todo ello en una geografía que sigue sin política de prevención: sin cortafuegos, sin infraestructura de combate, sin inversión estatal sostenida, y con un sistema de alerta y respuesta al borde del colapso.
El contraste es brutal: mientras se multiplican los focos, se difunden imágenes del presidente disfrutando de recitales y la Casa Rosada omite incluir proyectos urgentes en las sesiones extraordinarias del Congreso. En paralelo, iniciativas para fortalecer el manejo del fuego y reparar los territorios afectados duermen cajoneadas por el mismo Ejecutivo que ahora simula reacción con un decreto insustancial.
Cholila, como otras localidades de la Patagonia, arde en un fuego que es físico y político. La emergencia ya no es sólo ambiental: es una crisis económica, social y humanitaria. Es la evidencia más brutal de lo que ocurre cuando el Estado se convierte en espectador, cuando la motosierra también pasa por la protección de los bienes comunes.
La gente pierde el techo, el trabajo, el sustento. Y la respuesta institucional son papeles. Sin camiones, sin brigadas suficientes, sin partidas, sin compromiso.
Una vez más, la distancia entre el centro del poder y las provincias del sur se mide en cenizas.
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