El sindicato estatal también evalúa acciones previas en provincias alineadas con el oficialismo. Se espera definición clave de la CGT esta semana.
Mientras el Gobierno de Javier Milei acelera la reforma laboral contenida en la Ley Ómnibus, el sindicato ATE y un frente de gremios estatales y de empresas públicas ya confirmaron un paro nacional con movilización para el día en que se trate el proyecto en el Senado. La medida se enmarca en un plan de lucha que podría anticiparse desde la primera semana de febrero, especialmente en aquellas provincias donde los gobernadores respalden la avanzada oficialista.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro y fue contundente: “Ir a la huelga el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”.
Aguiar apuntó directamente contra los mandatarios provinciales que acompañan el proyecto: “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor. Ellos también son responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de cien años en materia de derechos”.
El dirigente advirtió que la iniciativa del Ejecutivo “pretende quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores, mientras multiplica el poder de los patrones”. En ese sentido, reclamó la articulación de una ofensiva sindical más amplia.
El plan incluye posibles medidas anticipadas en distritos donde el respaldo al oficialismo es más explícito. ATE no descarta paros y movilizaciones en esas provincias como parte de la presión sobre los senadores indecisos.
En paralelo, se aguarda una definición de la CGT, o al menos de sus sectores más combativos, este miércoles en una reunión clave en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). De ese encuentro podría surgir un frente común o, al menos, la adhesión de gremios estratégicos como camioneros, bancarios o metalúrgicos.
Además de ATE, participaron de la convocatoria gremios de la justicia, la salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, docentes universitarios, portuarios y trabajadores del PAMI, entre otros. Todos ellos coincidieron en que no se trata solo de una reforma laboral: se está disputando el modelo de país.
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