Mientras la provincia recorta gastos y crece la pobreza, los vocales del TSJ firmaron un aumento automático y acumulativo que los llevaría a cobrar hasta 24 millones por mes.
En medio de un escenario provincial marcado por la pobreza creciente, el recorte de políticas sociales y un ajuste presupuestario que golpea de lleno a estatales y jubilados, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz decidió blindarse: se autoasignó aumentos salariales que acumularán un 43,8% entre enero y octubre de 2026, muy por encima de cualquier pauta oficial.
La medida, firmada por los vocales Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia Mercau y Paula Ludueña el 30 de diciembre de 2025, se conoció recién a mediados de enero. El único que se habría opuesto, según fuentes periodísticas, fue el juez Daniel Mariani, una disidencia institucional poco habitual que revela fisuras internas en la cúpula judicial.
El poder se sube el sueldo
El esquema, redactado con precisión quirúrgica, establece un 4% mensual acumulativo entre enero y julio, y un 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre. No son aumentos simples: aplicados de forma compuesta, disparan los ingresos de los jueces a niveles que ya se estiman entre 20 y 24 millones de pesos mensuales para fines de 2026, según la antigüedad y los adicionales.
Todo esto mientras los empleados judiciales –paradójicamente, quienes sostienen el sistema– quedaron fuera del beneficio. Un dato que en cualquier otra institución sería motivo de escándalo, pero que en el Poder Judicial pasa casi desapercibido.
¿Justicia o privilegio?
Desde el TSJ se amparan en la autonomía judicial y su facultad constitucional para fijar sueldos. Pero la crítica no pasa por ahí. Nadie cuestiona su independencia, sino el modo en que la ejercen: sin debate, sin consulta, sin rendición de cuentas. En silencio y con efecto retroactivo.
El presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, fue directo: cada aumento mensual de un vocal equivale al haber mínimo previsional de un jubilado. El acumulado entre enero y octubre equivale a diez jubilaciones mínimas por cada juez. Un lujo financiado por una caja que arrastra un déficit crónico.
El contraste es obsceno: mientras una familia necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre, los máximos jueces de la provincia se aseguran ingresos que podrían superar las 20 veces ese monto.
Vidal contra la casta judicial
El gobernador Claudio Vidal no tardó en reaccionar. En una publicación a través de su cuenta oficial en X, calificó la medida como “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”. Y fue aún más allá: cuestionó la idoneidad y la legitimidad de los jueces, señalando que “durante 30 años fueron cómplices del saqueo y hoy están atrincherados en privilegios”.
“Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, remató Vidal, en una de sus intervenciones más duras contra el Poder Judicial desde que asumió.
La crítica del gobernador no se limita al monto, sino al mecanismo: un aumento cerrado, automático y sin debate público, aprobado en plena crisis fiscal y con una justicia que se rehúsa a reformarse pero no a beneficiarse.
¿Quién fija los límites del poder?
Más allá de lo salarial, el aumento del TSJ expone una pregunta de fondo: ¿es sostenible una justicia que se autorregula sin límites sociales? ¿Puede hablarse de autonomía cuando se ejerce sin criterio ni empatía con el contexto?
Porque si el ajuste es para todos, pero el privilegio es para algunos, no hay equidad posible. Y cuando el poder se asigna sueldos millonarios mientras el resto ajusta, no estamos ante un acto de justicia, sino de privilegio blindado.
La resolución ya está vigente. Los aumentos, en marcha. El debate, sin abrir. En una provincia golpeada por la desigualdad, el Tribunal Superior no solo desafía al Ejecutivo: desafía a la sociedad entera.
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