Los fondos internacionales estaban destinados a Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, hoy devastados por las llamas. Documentos oficiales revelan que fondos de la FAO y el Fondo Verde para el Clima fueron bloqueados por el propio gobernador de Chubut desde el año 2024.
Mientras el fuego avanza y ya arrasó más de 6.000 hectáreas en la Patagonia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantiene bloqueados desde marzo de 2024 más de 600 mil dólares destinados específicamente a programas de prevención de incendios forestales en Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, tres de las localidades hoy más castigadas por las llamas.
Los fondos, provenientes de organismos internacionales, tenían como objetivo reducir la deforestación y degradación de bosques, el principal impacto ambiental de los incendios forestales en la región andina. Sin embargo, nunca fueron aplicados, pese a que los proyectos estaban aprobados, consensuados y listos para ejecutarse.
La asignación de esos US$ 600.000 para Chubut figura en la Resolución 480 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) del 6 de diciembre de 2021, mientras que el detalle de su destino en la Comarca Andina quedó plasmado en el Acta N.º 4 del Consejo Consultivo Local, del 27 de noviembre de 2023, con inicio previsto para 2024.
Esos recursos forman parte de un paquete mayor de US$ 3,5 millones destinados a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dentro de un programa financiado por el Fondo Verde para el Clima y administrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Prevención que nunca llegó
El proyecto contemplaba acciones concretas sobre el territorio: raleos y podas preventivas, limpieza de combustible forestal, silvicultura, apertura de caminos estratégicos y construcción de reservorios de agua para el primer ataque al fuego. Una de las zonas priorizadas era Puerto Patriada, en El Hoyo, precisamente donde se inició el incendio que hoy devora bosques, viviendas y pone en riesgo a miles de personas.
“La magnitud de los daños hubiera sido sensiblemente menor si estos programas se hubiesen ejecutado como estaba previsto”, coinciden técnicos y especialistas. No se trata de evitar los incendios —algo imposible—, sino de reducir su impacto, una diferencia que hoy se mide en casas, animales muertos y familias devastadas.
Responsabilidades políticas y administrativas
El ingeniero forestal Martín Mónaco, exdirector nacional de Bosques y uno de los redactores del proyecto que permitió a la Argentina acceder a US$ 82 millones de la FAO, fue categórico:
“Los programas debían comenzar en marzo de 2024, pero el Gobierno de Chubut empezó a poner trabas hasta dejarlos paralizados”.
Mónaco señaló como responsable político directo al gobernador Torres y como autor material del bloqueo al secretario de Ciencia y Técnica de Chubut, Guillermo Defossé, quien además preside el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, organismo que debía actuar como unidad ejecutora de los programas.
“El CIEFAP está casi paralizado. A comienzos de 2026 no hay nada funcionando”, lamentó.
Discurso punitivo, gestión ausente
Desde que asumió en diciembre de 2023, Torres enfrentó cada incendio con discursos punitivos, allanamientos y acusaciones contra comunidades mapuches, sin identificar responsables reales ni avanzar en políticas estructurales. Esta semana, desde El Hoyo, volvió a prometer recompensas millonarias mientras los fondos preventivos siguen sin ejecutarse.
La contradicción es brutal: mientras se señala culpables externos, se bloquean las herramientas que podían proteger a la población y al bosque. A esta altura, el acting punitivo aparece como la contracara de una decisión política concreta: dejar dormir los dólares y que el fuego haga el resto.
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