Pitrola y Del Plá plantearon la ofensiva política del oficialismo como un avance autoritario y llamaron a movilizaciones, incluido un plan de lucha hasta la huelga general.
La aprobación formal del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que reforma 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, detonó una fuerte reacción política desde la izquierda argentina. Los diputados Néstor Pitrola y Romina Del Plá —referentes del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (PO‑FIT)— cuestionaron con dureza la medida, anunciaron que presentarán un proyecto para su anulación inmediata y convocaron a un plan de lucha de los trabajadores.
Pitrola sostuvo que el decreto constituye “un nuevo atentado contra la democracia política”, al adjudicarle a la agencia de inteligencia (SIDE) facultades que, a su juicio, rozan el umbral de un poder incontrolado. “Le otorgan poderes a la SIDE para detener personas por orden judicial o flagrancia”, afirmó, denunciando que ese combo, junto con el nuevo Código Penal, “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”.
Su diagnóstico va más allá de una crítica técnica a la reforma: para el diputado, detrás del decreto existe un “trasfondo” político que busca subordinar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales al proyecto del gobierno. “Quieren imponer la reforma laboral, la completa subordinación al imperialismo mediante un régimen de represión, con capacidad de persecución a opositores y activistas sociales, políticos y periodistas con opinión propia”, afirmó con crudeza, para concluir con un llamado explícito a la confrontación política: “Es Milei o los trabajadores. Vamos por un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar todo el régimen de Milei”.
Del Plá, por su parte, planteó la gravedad constitucional de modificar por decreto una ley tan sensible como la de Inteligencia. “Modificar 40 artículos de una Ley por decreto es gravísimo en sí mismo”, enfatizó, para luego cuestionar el contenido: “Toda la actividad de la SIDE pasa a ser ‘encubierta’, con lo que se pierde cualquier posibilidad de control o de requerir informes. Oscuro y tenebroso”. Señaló que la reforma no solo elimina los controles parlamentarios o judiciales efectivos, sino que también extiende la posibilidad de detenciones en ‘flagrancia’ por parte de agentes de inteligencia.
Del Plá agregó que la ampliación de facultades para espionaje no se queda en el terreno abstracto, sino que tiene un objetivo político concreto: “La persecución y el espionaje sobre la población son lo opuesto a la ‘libertad’ que Milei vendió como eje de su programa. A las organizaciones civiles, políticas, sindicales, piqueteras, de derechos humanos, etc., no sólo se habilita el espionaje completo, incluyendo el ciberpatrullaje contra los trabajadores y sus organizaciones, sino que se avanza aún más en la posibilidad de detenciones, armando causas por doquier”.
Sobre esta base, Del Plá confirmó que el Frente de Izquierda presentará en el Congreso un proyecto para anular el DNU apenas sea publicado en el Boletín Oficial, y lanzó un llamado amplio a la movilización: “Llamamos al conjunto de los trabajadores a poner en pie un plan de lucha para derrotar a este gobierno reaccionario”.
Las palabras de Pitrola y Del Plá reflejan no solo una oposición frontal al contenido del decreto, sino una lectura política amplia: equilibrar la balanza de poder entre el Estado y los movimientos sociales, sindicales y políticos, en un momento en que la disputa por los mecanismos de control y represión aparece como un eje de confrontación política en Argentina.
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