La decisión llega después de un escándalo por irregularidades administrativas. El jefe de Gabinete aseguró que prestaciones no serán recortadas ni eliminadas.
A raíz del impacto político y mediático generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que se expuso un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional oficializó la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, bajo la órbita del ministro Mario Lugones.
La decisión, que se venía madurando desde que se detectaron irregularidades administrativas y operativas en ANDIS, fue confirmada esta mañana por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Adorni subrayó que, pese al cierre de la agencia, las prestaciones a personas con discapacidad no serán recortadas ni eliminadas.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, explicó Adorni, y describió cómo la agencia, creada en 2017 para coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, acumuló con el tiempo “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
El jefe de Gabinete detalló supuestas irregularidades detectadas en procedimientos de otorgamiento de pensiones y prestaciones. Entre los ejemplos citados mencionó pensiones que continuaban pagándose a familiares de personas ya fallecidas, expedientes con documentación inválida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron servicios que no prestaron. En ese contexto, Adorni se refirió puntualmente a la Fundación METAS, que afirmaba brindar apoyo escolar pero cuya sede, según dijo, “no reunía las condiciones mínimas: sólo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.
El funcionario argumentó que al pasar al Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad estarán sujetas a mecanismos de control más estrictos, auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones, eliminando discrecionalidades. También anunció la supresión de 16 cargos políticos, lo que representa una disminución del 45,7% en la estructura jerárquica de la antigua agencia.
Adorni enfatizó en varias oportunidades que la reestructuración no afectará las prestaciones: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.
La medida cierra un capítulo de fuerte controversia institucional que se había desatado tras la filtración de grabaciones del exabogado presidencial Diego Spagnuolo, y abre una nueva etapa en la administración de políticas públicas orientadas a la discapacidad, con el objetivo declarado de “garantizar transparencia y trazabilidad en los procesos”.
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