En una destacada reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el Intendente Pablo Grasso se sumó a la iniciativa de decenas de intendentes de todo el país al presentar un recurso de amparo contra el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuesto por el gobierno de Javier Milei.
Este decreto, según los participantes, plantea un escenario de pérdida absoluta de soberanía e independencia económica, al tiempo que fortalece a sectores empresariales y retira recursos de los sectores más desfavorecidos.
Grasso enfatizó la importancia de alzar la voz en este momento crítico, afirmando que aquellos que eligen no expresar su opinión están respaldando una estafa y el saqueo de los recursos naturales del país. Para el Intendente, es imperativo contar con una dirigencia comprometida con la defensa de la constitución.
El líder municipal recordó la gravedad constitucional sin precedentes que se está viviendo, comparándola con tiempos de excepción democrática y gobiernos de facto. Desde su posición, Grasso manifestó su firme determinación de proteger a Santa Cruz de posibles saqueos amparados por decretos que considera anticonstitucionales. Destacó la amenaza de venta de tierras a extranjeros y la pérdida de control sobre la explotación de recursos mineros, petroleros y pesqueros.
En su intervención, Grasso subrayó la necesidad de contrarrestar lo que denominó "estafa electoral". Criticó el cambio de rumbo del gobierno, que, según él, prometió beneficiar al pueblo y terminó favoreciendo a la élite económica, sumiendo a la población en una situación de extrema precariedad en un corto periodo de tiempo.
El Intendente concluyó su discurso resaltando la importancia de la organización y el debate como herramientas para revertir esta situación. Enfatizó que la elección entre ser recordados como traidores a la patria o defensores de la nación recae en la responsabilidad de quienes toman decisiones en este momento crucial para el país.
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