El presidente Javier Milei endurece su postura, sin importarle las masivas marchas en todo el país, y antes de que termine la desconcentración anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario
Mientras en la Plaza de los Dos Congresos aún se dispersaban manifestantes tras la masiva movilización en defensa de las universidades públicas, gratuitas y de calidad, el mandatario inició una serie de retuits que intentaron minimizar el impacto de la protesta. Además, a través de Twitter, la "Oficina del Presidente" —una cuenta oficial del Gobierno— anunció el inminente veto presidencial a la ley.
En el comunicado, se define a la Ley de Financiamiento Universitario como un "irresponsable proyecto de aumento de gasto público" que atenta contra el equilibrio fiscal. “La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”, comienza la misiva, difundida la noche de este miércoles.
El comunicado agrega: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.
Reacciones y tensiones políticas
La pelota, ahora, la tiene el Congreso. A la espera del veto presidencial, distintos bloques —entre ellos el peronista y el de la UCR— preparan proyectos para tratar en sesión el rechazo al veto. Resta saber si Milei contará con el apoyo suficiente para mantener su decisión sobre la normativa que busca actualizar los salarios docentes y garantizar el financiamiento universitario.
Si bien fuentes de Casa Rosada habían adelantado que la ley correría la misma suerte que la de movilidad jubilatoria, se esperaba que el oficialismo considerara el impacto de la masiva marcha de este miércoles. Sin embargo, lejos de ello, el Poder Ejecutivo atribuyó motivaciones políticas a la manifestación, subrayando la participación de dirigentes de la oposición.
“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregó el comunicado oficial.
Y concluye: "Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer la Argentina grande otra vez".
Mensajes en redes sociales
En línea con ese mensaje, el presidente Javier Milei, en sus propias cuentas de redes sociales, replicó mensajes como “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Esta idea ha sido defendida por el oficialismo desde antes de la marcha y fue reafirmada minutos después de concluido el acto frente al Congreso.
La vicepresidenta Victoria Villarruel también se pronunció al respecto, publicando un mensaje en el que exhibió los números del presupuesto recibido por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y los contrastó con la baja cifra de egresados que logró esa institución en 2023. “Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin aquellos que hacen negocios con ella”, escribió la presidenta del Senado.
El futuro del financiamiento universitario
La tensión entre el Poder Ejecutivo y los sectores que defienden la educación pública se intensifica. Mientras tanto, universidades, docentes y estudiantes esperan una resolución favorable que garantice el financiamiento adecuado para el funcionamiento de las instituciones y la mejora salarial del personal docente.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde se definirá si el veto presidencial se sostiene o si, por el contrario, se logra avanzar en la promulgación de la ley que busca asegurar pisos mínimos de financiamiento para la educación pública superior.
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