El oficialismo, junto a sus aliados, logró aprobar el modelo de boleta que se utiliza actualmente en la provincia de Mendoza. El único desacuerdo que existía entre los bloques que adhieren a la reforma electoral era la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero, iniciativa que sería retomada en el futuro por la UCR.
Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad —que no los beneficia, dado que representan a partidos provinciales y no llevan el arrastre del candidato presidencial— no avanzara en el recinto y lograron imponer su voluntad.
Por otro lado, obtendría consenso unánime convertir en ley la declaración de Emergencia Ambiental, Económica y Habitacional en zonas afectadas por los incendios en territorio cordobés, lo que implica un redireccionamiento de fondos de ayuda para los damnificados y la facilitación de créditos para la reconstrucción de viviendas.
Después de lo que fue la sanción de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el oficialismo avanzó con dos nuevos proyectos vinculados a la seguridad: aprobó la reforma de la Ley N° 26.216 de Armas de Fuego, que flexibiliza el protocolo para el acceso legal a la tenencia de armas de fuego, y el régimen para el Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también denominado ley Antimafias, que incrementa y unifica penas para personas a las que se les atribuye formar parte de una organización criminal, además de incrementar las potestades de las fuerzas de seguridad. El Frente de Izquierda y una mayoría de Unión por la Patria representaron los votos por el rechazo.
Boleta Única de Papel: cómo se votará en 2025
En la Boleta Única de Papel se despliegan todos los candidatos que compiten para un mismo cargo, por lo que el elector expresa su voto marcando casilleros por los partidos o frentes electorales por cada categoría (presidente, gobernador, diputado, intendente, concejal, etc).
Se pueden ver fotos de los titulares de la lista junto al logo y nombre del espacio por el que compite, mientras que los candidatos suplentes solo figuran con sus nombres. De esta manera, los votos a distintas listas ya no se armarían cortando boleta sino marcando con lápiz o lapicera las distintas alternativas.
La impresión y distribución de las boletas dejará de estar en manos de las agrupaciones políticas y pasará a ser responsabilidad del Poder Ejecutivo. "Se deberá imprimir la Boleta Única en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un cinco por ciento (5%) adicional para reposición en caso de contingencias”, plantea el proyecto, que estipula un proceso previo de formación —tanto para electores como para autoridades de mesa— sobre la modalidad de votación.
Ley Antimafias: qué dice el proyecto
El proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocida como ley Antimafias, tipifica el crimen organizado en una lista de delitos y establece que existe este tipo de asociaciones cuando tiene como fin "la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional".
En ese marco, agrava las penas para quienes se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: "Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización". Además, establece “Zona Sujeta a Investigación Especial”, donde se aplicarán mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.
En el marco de este régimen, las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas por presunción de culpabilidad para realizar averiguaciones, inmovilizar sus activos e interceptar "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación". Se implementarán decomisos anticipados de cualquier bien que sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aun sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.
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