Este jueves, la Justicia declaró la nulidad absoluta de cuatro artículos de un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2016. Estos artículos permitían el acceso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo de activos, parte del llamado "sinceramiento fiscal".
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, dictaminó que la inclusión de estos artículos en el decreto representó una "extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley". Esta decisión fue tomada en respuesta a una demanda presentada por la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, junto con los entonces diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
El decreto en cuestión, el 1206/2016, había modificado aspectos esenciales del Decreto 895/2016, reglamentando la Ley 27.260 del Régimen de Sinceramiento Fiscal. Estos cambios permitieron que familiares de los sujetos alcanzados por la ley pudieran participar en el blanqueo de capitales, incluyendo cónyuges, padres e hijos menores emancipados.
El juez Cormick argumentó que este decreto modificó aspectos de la ley, generando un exceso en la reglamentación y entrando en la esfera exclusiva del Poder Legislativo en materia tributaria. Esta decisión, si se mantiene en instancias de apelación, permitirá a la AFIP reclamar a los contribuyentes involucrados el pago de impuestos no abonados sobre los bienes incluidos en el blanqueo, además de intereses por pago fuera de término.
Tras el fallo, figuras políticas como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dirigente Felipe Solá, expresaron su opinión en las redes sociales. Solá recordó que la ley de blanqueo de 2016 excluía expresamente a los funcionarios públicos y sus familiares, y destacó la importancia de esta decisión judicial para salvaguardar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
