La Diputada cuestionó la falta de acción de fiscales y el fiscal de estado ante medidas que afectan a los vecinos y al patrimonio del gobierno. Ya interviene el Tribunal de Cuentas a través de presentaciones del Vocal Javier Stoesseel.
Ante las denuncias públicas de descuentos generalizados, indiscriminados y arbitrarios en los haberes docentes, la Diputada Provincial Roxana Reyes reclamó al gobierno provincial el fin de las medidas arbitrarias y dijo que éstas sólo sirven para agravar el conflicto.
Reyes además remarcó que este tipo de medidas pueden ocasionar un daño al patrimonio Estatal, en tanto que la retención indebida de haberes es susceptible de generar reclamos y demandas, con el consecuente pago de costas e intereses “que no salen de los bolsillos de los funcionarios sino de todos los santacruceños”.
Por su parte el vocal del Tribunal de Cuentas Javier Stoessel requirió informes al CPE, desde la Vocalía de Administración Central del Tribunal del organismo, sobre la existencia y extensión de estos descuentos, grupo de docentes afectados, instrumentos legales y antecedentes de hecho que lo justifiquen, a fin de evaluar la intervención que compete a la Vocalía y en su caso formular los requerimientos pertinentes.
"La adecuada protección de los intereses del Estado exige la intervención oficiosa de todos aquellos organismos, funcionarios y agentes a quienes la Ley y la Constitución encomienda el control de la legalidad del actuar administrativo y la protección de los intereses públicos, lo que significa en definitiva la protección de los intereses de la ciudadanía” destacó Stoessel.
Por su parte, la diputada consideró que la situación también exige que otros funcionarios actúen de oficio ante la posible violación de normas administrativas y penales y la afectación de derechos constitucionales.
"El Consejo Provincial de Educación carece de facultades para descontar de modo generalizado e indiscriminado el salario a los docentes, en los términos en que fue denunciado públicamente; y, si así se acreditara, se trataría de una represalia y de una medida que pretende amedrentar a los docentes para que desistan de sus reclamos, esto es con el propósito expreso de vulnerar el ejercicio de los derechos constitucionales” explicó la Diputada.
Reyes remarcó que los fondos fueron enviados desde Nación para el pago íntegro de salarios y aguinaldos del sector docente y una parte de tales fondos fue detraída por la Provincia.
"Debieran además los Fiscales de Instrucción –Dres. CIMA o CHAN, según quien corresponda por turno, analizar la existencia de delito de malversación de caudales públicos, la demora injustificada del pago ordinario y/o un posible incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos con las debidas penas que se establecen para cada caso” sostuvo Reyes.
La Diputada consideró que en este caso también corresponde la intervención de oficio del Fiscal de Estado, Dr. Fernando Tanarro, “quien se mostró muy activo en otras circunstancias para proteger intereses de funcionarios y a quien le cabe la obligación constitucional del “control de legalidad de los actos administrativos y la defensa del patrimonio provincial …”” como está expresado en el art. 125 Constitución Provincial.
Ademas destaco que la Constitución Provincial establece, en el artículo 260, remarca que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída”, y en el artículo 264 remarco: “será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.”
En el artículo 248 sobre un posible incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, la Constitución de Santa Cruz establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
A estos artículos se refiere Reyes en su reclamo y consideró que “es momento de hacer cumplir con la legislación que ya está vigente y que fue creada para proteger no sólo los intereses y derechos de los ciudadanos sino también del Estado” y llamó a los fiscales a que lleven adelante la tarea que les corresponde y tomen las acciones necesarias en el asunto.