CELS y RAICYT denuncian restricción de derechos y piden respuesta urgente. La negativa de la Justicia genera críticas desde sectores científicos y de derechos humanos.
La Justicia federal argentina rechazó en los últimos días habilitar la feria judicial para tratar dos amparos presentados contra medidas clave del gobierno de Javier Milei: el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que amplía las facultades de detención de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), y el artículo 30 del Presupuesto 2026, que elimina garantías legales de financiamiento científico.
Las decisiones, firmadas por los jueces Walter Lara Correa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Ernesto Kreplak (La Plata), desataron críticas desde organizaciones de derechos humanos y del sistema científico, que denuncian una falta de respuesta institucional ante eventuales violaciones constitucionales.
Caso 1: El DNU 941/2025 y el rol ampliado de la SIDE
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo para declarar la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 941/25, que reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia. Según los apoderados del CELS, el decreto permite aprehensiones o detenciones por parte de personal de inteligencia sin orden judicial, violando garantías constitucionales y principios del derecho penal.
El caso quedó en manos del juez Lara Correa, quien tras recibir dictamen negativo del fiscal Fabián Canda, decidió no habilitar la feria para tratar el reclamo. Frente a esto, el CELS interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, señalando que la negativa lesiona el derecho al acceso urgente a la Justicia en temas de alto interés público.
Caso 2: Ajuste al financiamiento científico
La Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) presentó un amparo contra el artículo 30 de la Ley 27.798 (Presupuesto 2026), que derogó artículos clave de las leyes de Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional.
El juez Ernesto Kreplak resolvió que el tema no justifica habilitación extraordinaria de la feria, al tratarse —según argumentó— de un asunto sin urgencia inaplazable. RAICYT apeló la decisión, y el expediente pasó a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir si el rechazo judicial se ajustó al derecho.
Derechos en juego y debate institucional
Ambos amparos tienen un punto en común: la denuncia de restricciones a derechos fundamentales (libertad personal, legalidad penal, acceso al conocimiento) por parte de disposiciones del Ejecutivo nacional y del Congreso. Las organizaciones demandantes argumentan que el tratamiento judicial no puede postergarse, dada la posible afectación directa a ciudadanos y sistemas críticos del país.
El contexto de receso judicial (enero) ha planteado una tensión clásica entre la excepcionalidad del período y la necesidad de respuesta institucional en casos sensibles. Para los jueces intervinientes, no se verifican condiciones de urgencia que justifiquen alterar la feria judicial.
Sin embargo, las apelaciones en curso podrían modificar ese criterio en los próximos días.
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