El Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto el fallo por 16.100 millones de dólares y reabrió el debate sobre la estatización.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, anuló la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares en el marco del juicio por la estatización de YPF, en un fallo que marca un giro relevante tras más de una década de litigio internacional.
La resolución deja sin efecto la condena dictada en primera instancia a favor de los fondos demandantes, al tiempo que ratifica una decisión previa favorable a la petrolera. En su pronunciamiento, el tribunal dispuso revocar el fallo contra el Estado nacional y avanzar con los procedimientos correspondientes en función de esta nueva interpretación.
El caso tiene su origen en la expropiación de YPF concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía. La medida había sido cuestionada por exaccionistas como Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, quienes reclamaban indemnizaciones por supuestas pérdidas derivadas del proceso.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska había fallado a favor de los demandantes y fijado una compensación millonaria que incluía daños e intereses. Esa decisión ahora fue revertida por la instancia superior, que también dejó sin efecto una orden posterior que obligaba a la Argentina a entregar acciones de YPF como parte del pago.
Entre los argumentos centrales, el tribunal consideró que los estatutos de una empresa no constituyen contratos bilaterales que habiliten este tipo de demandas. Además, sostuvo que la legislación argentina en materia de expropiaciones limita las acciones de terceros que puedan interferir en ese tipo de procesos, lo que refuerza la validez del marco legal aplicado en 2012.
El fallo también desestimó reclamos basados en la doctrina conocida como “promissory estoppel”, al entender que no corresponde aplicarla cuando existe una relación contractual regida por otra normativa.
Si bien la resolución favorece a la Argentina en términos económicos, el tribunal no se expidió sobre si el caso debió tramitarse exclusivamente en jurisdicción argentina y dejó abierta la posibilidad de futuras instancias procesales.
Tras conocerse la decisión, desde sectores vinculados a Axel Kicillof señalaron que el fallo confirma la validez de los argumentos sostenidos durante años en defensa de la estatización.
Por su parte, el presidente Javier Milei celebró el resultado y lo presentó como un logro de su gestión. En declaraciones públicas, destacó que el país evitó una obligación de pago millonaria y vinculó el fallo a su política exterior, aunque también lanzó duras críticas contra quienes impulsaron la expropiación.
El caso YPF, que combina aspectos jurídicos, económicos y políticos, sigue abierto en términos procesales. Sin embargo, la decisión del tribunal de apelaciones representa un punto de inflexión al desactivar, al menos por ahora, una de las mayores contingencias financieras que enfrentaba el Estado argentino.
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