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La provincia amaneció con un paro total en rechazo a la baja de aranceles que amenaza con destruir miles de empleos en el sector electrónico.

Este miércoles 21 de mayo, Tierra del Fuego amaneció completamente paralizada por un paro general convocado por más de 20 sindicatos en rechazo al Decreto 333/2025, que reduce progresivamente los aranceles de importación para productos electrónicos, afectando gravemente a la industria local.

La medida, que baja los aranceles de importación de celulares del 16% al 8% y los elimina completamente a partir del 15 de enero de 2026, también reduce los impuestos internos para productos electrónicos importados.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA) lideran la protesta, acompañados por sindicatos de salud, educación, estatales, camioneros, comercio y petróleo.

Mónica Acosta, integrante de la cooperativa RENACER, expresó: "De todas las crisis que hemos vivido en nuestra provincia en torno a la industria, esta es la peor de todas", señalando que "tiene la particularidad de ser una derogación de hecho de nuestra Ley 19.640".

El gobernador Gustavo Melella calificó las medidas como "un golpe muy duro para la industria" y anunció que planea judicializarlas.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, denunció que se busca "desmantelar" el régimen, y la senadora nacional Cristina López advirtió que las medidas "responden más a exigencias del FMI que a las necesidades del país".

La producción local alcanzó en 2024 más de 5,5 millones de celulares, superando ampliamente a los 2 millones de televisores y el millón de aires acondicionados ensamblados.

Desde la UOM, se estima que el nuevo esquema de importación puede destruir al menos 6000 puestos de trabajo en las plantas radicadas en Ushuaia y Río Grande.

La protesta incluye cortes de ruta, movilizaciones y un paro total de actividades, con el objetivo de mostrar al Gobierno Nacional que los fueguinos son capaces de defender los puestos de trabajo, la industria nacional y el derecho soberano a seguir habitando la provincia ante las embestidas desde la Capital Federal.

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