La justicia federal volvió a intimar al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para que presente un informe final sobre la distribución de alimentos a sectores vulnerables.
El juez federal Sebastián Casanello otorgó a la cartera 72 horas para cumplir con la presentación de “un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos, realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación Conín, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios”.
Esta no es la primera intimación que realiza Casanello. Sin embargo, todas las decisiones judiciales anteriores fueron apeladas por el ministerio. En junio pasado, el juez había intimado a Pettovello a presentar un plan de distribución de los productos almacenados en los depósitos de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
En esa ocasión, el ministerio informó que había firmado un convenio con la Fundación Conín y que los alimentos se distribuirían en coordinación con el Ministerio de Defensa. Casanello exigió que se informe sobre el estado de distribución de “la leche en polvo marca Cotar" y de las “pasas de uva habidas en el depósito de la localidad de Villa Martelli, PBA, productos que estarían próximos a expirar”.
En su nueva resolución, el juez pidió a Pettovello que presente copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos. Además, solicitó un informe sobre el avance de su ejecución, si esta hubiera comenzado.
El magistrado también requirió los remitos correspondientes a la entrega de alimentos informada a fines de mayo y el remito de 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la organización Conín de la localidad de Capital Sarmiento.
Durante la feria judicial de invierno, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, intimó en dos ocasiones a la cartera encabezada por Pettovello para que cumpla con una medida cautelar y garantice el derecho a la alimentación. Esta causa, impulsada por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se tramita en paralelo a la denuncia penal que está a cargo de Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, iniciada por el dirigente social Juan Grabois.
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