Bajo juramento, declararon el Ingeniero perito oficial de la Corte Suprema, Pablo Eloy Bona; el perito representante de la fiscalía y también ingeniero Roberto Panizza y la perita de parte, Ingeniera Adriana Alperovich.
Cruzados por la perita de parte de CFK y por las preguntas técnicas de los defensores, Bona y Panizza dejaron en evidencia numerosas inconsistencias en la metodología que decidieron utilizar para el estudio, en el que concluyeron que hubo sobreprecios en cinco de las 51 obras de Santa Cruz investigadas.
Ratificó que utilizó datos de la revista El Constructor como referencia de valores.
Reconoció que utilizó obras de Chubut como elemento comparativo para evaluar los trabajos de Santa Cruz (a pesar de la diferencia de terreno y condiciones climáticas entre ambas jurisdicciones)
Admitió que no tuvo en cuenta que los gastos de traslado del material incrementan los valores de casi todos los ítems y que en varias oportunidades evaluó documentación y finalizó puntos del peritaje sin la participación de sus otros dos colegas designados para tal fin.
En ese sentido, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi buscó demostrar que varias veces trabajó sin la presencia de los otros peritos y Bona admitió que, “de treinta encuentros, en unos seis o siete” estuvo solo.
Dijo que no advirtió la utilización de asfalto modificado en una de las obras analizadas, por lo que no se tuvo en cuenta que la diferencia de precios se explica en que ese tipo de pavimento es más caro que el asfalto común, que se aplica en rutas que no se exponen a temperaturas bajo cero.
“Hemos visto que existen sobreprecios y sobre cómputos”, afirmó el Ingeniero Panizza, por su parte. Y también reconoció que utilizaron los costos de la revista El Constructor para la evaluación.
Por su parte, la perita de parte e Ingeniera Civil Adriana Alperovich criticó en duros términos la metodología elegida por sus colegas al afirmar que “los valores de la revista El Constructor no son representativos de una obra vial” ya que “no es una fuente válida”. Y alertó que Bona y Panizza compararon obras de diferentes características, lo que los llevó a conclusiones erradas. Según expresó, usaron como referencia “una obra que no puede ni compararse con las obras de la pericia” y que cada obra tiene sus propias características, particularidades y adversidades durante el desarrollo. “Resultan incomparables”, agregó. Y afirmó que “se advierten claramente las diferencias en la composición de los precios unitarios”.
Para Alperovich, “los costos corresponden siempre a cada una de las obras porque responden a cada proyecto específico. Cada uno tiene complejidades que tienen que ver con la zona”. Inclusive, según afirmó, “el informe de auditoría externa contratado por Vialidad Nacional (realizada a pedido de la administración de Mauricio Macri a la empresa Consulbaires) con medición in situ de las obras ejecutadas, su conclusión es que las cantidades de obras estaban ejecutadas en demasía y que su calidad superaba la de los pliegos”.
“Por ahora quedó claro que la pericia oficial comparó obras que no se podían comparar, precios de una licitación durante el macrismo que fue tan bajo que no se pudo ni empezar la obra, e hizo un cálculo hacia atrás con un sistema que solo puede calcular hacia adelante”, explicó uno de los abogados defensores. “El sistema Var Eim no sirve para ir hacia atrás y solo toma en cuenta algunos ítems de obra por eso es transitorio”, agregó el letrado.
Luego de casi seis horas de audiencia y momentos de alta tensión entre los profesionales que se mostraron en total desacuerdo respecto de la metodología del estudio, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio y la ponencia de los especialistas continuará este martes.
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