Denuncian sobreprecios en el ministerio de desarrollo social

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Dom, Sep

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La Vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Dra. Yanina Gribaudo, realizó una denuncia penal por el pago de sobreprecios en compras que realizó el Ministerio de Desarrollo Social durante la pandemia.

Luego de que los auditores del Tribunal de Cuentas confirmaran la existencia de sobreprecios en la compra de kits de limpieza realizada por el Organismo Público para atender la emergencia del COVID 19, la Vocal se presentó ante la justicia para realizar la denuncia formal. La misma quedó asentada en el Juzgado de primera instancia en lo criminal y correccional número dos de Río Gallegos.

En la denuncia se pueden ver compras directas a proveedores no registrados y sin antecedentes, sobreprecios de hasta un 100% en productos de limpieza como lavandina, y pagos de importantes sumas de dinero de modo irregular y a discreción.

“Se realizaron pagos excesivos en las compras. Precios muy elevados que, si se comparan con los abonados por los productos, no se corresponden con los ofrecidos en cualquier comercio minorista o de venta al público en nuestra provincia”, denunció Gribaudo.

La Vocal insistió en que todas las compras del Estado deben respetar determinadas condiciones que hoy no se están cumpliendo: “Las entidades públicas, que manejan los recursos de todos nosotros, deben garantizar que haya la mayor cantidad de proveedores, están obligadas a realizar las operaciones con transparencia, a comparar precios y calidad sin privilegios ni ventajas para nadie, siempre asegurando una buena administración de los recursos”.

Cabe destacar que las investigaciones previas realizadas por la Dra. Gribaudo fueron comprobadas por el trabajo de los auditores del Tribunal de Cuentas, quienes también investigaron otras denuncias por pagos de precios excesivos en los alimentos destinados a las familias vulnerables, y mobiliario como camas y colchones.

 Otra vez sobreprecios

Esta denuncia y las actuaciones del Tribunal de Cuentas dejan clara la existencia de maniobras ilícitas en las compras del estado, compras directas y expedientes truchos. El mecanismo que se utilizó en la obra pública y en otras contrataciones del estado vigente aun ante emergencias y situaciones que vuelven la asistencia del estado prioritarias.