El Gobierno nacional intenta dar manotazos de ahogado para “paliar” una crisis autoinflingida con medidas cuyo costo fiscal terminarán pagando las provincias
Según un análisis realizado por la Comisión Federal de Impuestos, Santa Cruz perderá 450 millones de pesos entre agosto y diciembre por los cambios impulsados en Ganancias y Monotributo (por una menor recaudación que impactará en la coparticipación). A esto habrá que agregársele la pérdida de recursos por una menor recaudación de IVA en relación a los productos de la canasta básica.
Por otro lado, el Gobierno nacional está estudiando establecer un precio diferencial para el barril de petróleo, tomando en cuenta un tipo de cambio a 45 pesos y un barril de Brent a 59 dólares. El objetivo sería congelar el precio de los combustibles pero a su vez se perjudicará a las provincias que reciben regalías por la producción de crudo, tal es el caso de Santa Cruz.
“Con estas medidas, pensadas para palear una situación de crisis generada luego del resultado de las PASO, se está perjudicando las finanzas de las provincias y los niveles. Nuevamente el costo lo pagan las provincias”, sostuvo el ministro de Economía, Ignacio Perincioli.
Además desde el Gobierno Provincial destacaron que se han mantenido conversaciones con los ministros de las provincias petroleras que integran la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) para analizar el impacto de las medidas sobre el barril de crudo.
Por la aplicación de Ley de Abastecimiento, la provincia podría perder entre 300 y 500 millones de pesos mensuales.
Otro escenario a considerar es la incidencia de estas modificaciones en el nivel de inversiones de las empresas. Hasta 2015 existía lo que se llamaba barril criollo; el Estado nacional pagaba la diferencia entre el precio internacional de crudo y su valor de comercialización dentro del país. Ese subsidio estaba pensado para que las petroleras incrementaran sus inversiones sin afectar el bolsillo de los consumidores.
La pregunta que se abre ahora es si el Gobierno nacional seguirá garantizando las inversiones, algo clave para seguir desarrollando, por ejemplo, los recursos no convencionales de la Cuenca Austral. Y si se habla de inversiones, también del sostenimiento de las fuentes de trabajo. Si las operadoras dejan de invertir en la perforación de nuevos pozos o levantan los equipos en los pozos de explotación, también se verán afectadas las fuentes laborales.
A partir de este escenario, vale resaltar que tanto la propia industria hidrocarburífera, como la adquisición de insumos para los hospitales o los materiales para la construcción seguirán regidos por un tipo de cambio cercano a los 60 pesos.
Es decir, en el caso de los insumos médicos, la provincia erogará recursos con un tipo de cambio a 60 pesos pero las regalías hidrocarburíferas ingresarán con un tipo de cambio a 45 pesos. De ahí el posible escenario de desequilibrio financiero, que incluso podría repercutir en las futuras negociaciones paritarias.
Los equipos de gobiernos provinciales mantuvieron comunicación fluida durante las últimas horas para analizar el impacto en cada jurisdicción de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. La principal preocupación es que más allá de aliviar la situación económica de la ciudadanía, estos paliativos podrían generar un desequilibrio fiscal en las provincias.